La procuradora general Miriam Germán Brito minimizó ayer un paro de labores administrativas que a nivel nacional protagonizaron secretarias y abogados que hacen labores de fiscalizadores en todas las dependencias del Ministerio Público, en reclamo de un prometido aumento salarial.

La funcionaria dijo que se trató de “una minoría” de servidores descontentos por el reajuste que se les hizo a los fiscales.

Aseguró que en general la mayoría del personal técnico y administrativo de la institución ha mostrado su conformidad con las medidas adoptadas, porque este año por primera vez se ha dispuesto que a estos les sean pagados los bonos anual y de vacaciones que conforme a la norma interna es un beneficio exclusivo para los fiscales de carrera.

Dijo que los beneficios de los bonos suponen un incremento real del 15% de los salarios consolidados recibidos anualmente de los servidores, “y son una muestra del compromiso inequívoco de esta gestión con mejorar progresivamente los ingresos de nuestros servidores conforme a las disponibilidades presupuestarias y en el marco de una política de compensación equitativa”.

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Sin embargo, trascendió que entre los fiscales de carrera, aunque no han protestado, también hay inconformidad, porque al reajuste salarial le fueron incorporados los incentivos en escala que cada uno de ellos tenía, por lo que unos recibieron un incremento mayor que otros.

En declaraciones para Hoy, la magistrada Germán Brito explicó que el Ministerio Público dispuso el reajuste y estandarización de los salarios de los fiscales designados conforme a la Constitución y la ley, gracias a la planificación presupuestaria y los ingresos asignados en el presupuesto de la institución.

Dijo que se espera que para el próximo año “si nos dotan de los recursos para ello” se pueda realizar un reajuste y estandarización para el personal técnico y administrativo.

“Ahora se está en la fase de planificación, revisión y análisis para adoptar una política estandarizada de compensación salarial que resuelva múltiples distorsiones que hemos encontrado en las nóminas de la institución y sus dependencias”, puntualizó.

Los que recibieron un monto menor son los que recibían un ingreso mayor por mucho tiempo en forma de incentivos “sin una política aprobada que definiera su legitimidad conforme los principios que rigen la función pública”.