El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, Michael McCaul, expresó ayer preocupación por el alegado “uso excesivo” de la prisión preventiva en la República Dominicana, especialmente contra ciudadanos y residentes estadounidenses.

En comunicación al Secretario del Departamento de Estado Anthony J. Blinken, investigar cuántos ciudadanos norteamericanos están bajo esa situación en el país, así como el uso dado a los fondos otorgados a la República Dominicana para programas relacionado con la prisión preventiva, de los cuales dijo, no se tiene un recuento preciso.

“Es importante estar al tanto de los graves problemas de justicia penal que existen en relación con la prisión preventiva que mantiene a personas en prisión por años sin un cargo formal”, dijo el congresista de los EEUU según un documento de prensa.

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Indicó que ese es un problema endémico en el país que debe investigarse porque el 70% de los prisioneros están bajo prisión preventiva.

McCaul aseguró que su principal prioridad es la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y residentes estadounidenses en cualquier país del mundo donde se encuentren, por lo que pidió al Departamento de Estado tomar medidas inmediatas respecto del tema.

El congresista se quejó de la aparente “desconexión” entre Washington y la Embajada de los EEUU en el país, e insistió en la necesidad de investigar a fondo los casos de sus ciudadanos, a los fines de garantizar que se le sigan procesos legales adecuados y se protejan sus derechos.

Al abundar sobre los fondos para el programa de presos preventivos, el congresista McCaul consideró que la falta de información precisa sobre el número de norteamericanos presos en el país y del uso correcto de los fondos otorgados para los programas de prisión preventiva, “podrían estar retrasando nuestros esfuerzos de asistencia, como controles de bienestar, asistencia legal, visitas familiares o lo que es peor, que nuestros compatriotas estadounidenses sean abandonados”, dijo.

Desde el 2022 el Gobierno de EEUU ha comprometido más de US$832 millones a países de la región del Caribe para mejorar el acceso a la justicia.