La sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) que ordenó a la Fuerza del Pueblo excluir de la boleta electoral a los candidatos a diputados por la circunscripción 1 del Distrito Nacional Rafael Paz, Selinée Méndez, Margarita Feliciano y Katuiska Alcántara, que deberá sustituir por los miembros de ese partido que ganaron las encuestas con las que esa organización política decidió escoger sus candidatos congresionales, fue descrita por el señor Paz como un plan macabro dirigido a excluir “la ficha dominante” en la importante plaza electoral y afectar el posicionamiento de su partido.

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Una opinión con la que de seguro no está de acuerdo el dirigente de la FP Robert Martínez, quien el pasado primero de abril depositó ante el TSE un recurso de impugnación contra la resolución 22-2024 de la JCE, al considerar que se violaron sus derechos pues como ganador de las encuestas le correspondía ser inscrito en la boleta. En su sentencia el TSE acusó al órgano electoral de “incumplir su obligación de verificar la documentación base que sustentaba la propuesta al momento de analizar las candidaturas que presentó la Fuerza del Pueblo”, que deliberadamente y por conveniencia de su cúpula decidió irrespetar sus propias reglas, y suplantar a los miembros de esa organización a los que se les dijo que si ganaban las encuestas serían los candidatos por los paracaidistas a los que el TSE ordenó excluir.

Ayer leí en alguna parte que el señor Rafael Paz insiste, no obstante la sentencia emitida por el TSE, en que será el candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo en la circunscripción 1, probablemente luego de leer las declaraciones de su líder, el expresidente Leonel Fernández Reyna, en las que este afirma que esa sentencia es “nula”. Y punto.

Como si nuestro ordenamiento jurídico-electoral fuera un choteo para guardar las formas, y la democracia una caricatura con muchos bajaderos para que los políticos puedan hacer lo que les de la gana cada vez que se les antoje.