En las reformas regulatorias del trabajo doméstico en la República Dominicana y los demás países de América Latina se considera que su ingreso al sistema de la seguridad social es clave para su formalización y para reducir la brecha que en términos de derechos hay entre estas personas y los demás del mercado de trabajo.

Según el informe Seguridad Social y Trabajo Doméstico en la República Dominicana, del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), hay tres alternativas de cara a la propuesta de inclusión de los y las trabajadoras domésticas a la seguridad social.

Una primera opción se orienta a la inclusión de esta propuesta en el anteproyecto de una eventual modificación del Código de Trabajo, lo cual plantea el riesgo, según los dirigentes sindicalistas, de que sea aprovechado por sectores para impulsar un retroceso en materia de protección de derechos laborales para toda la clase trabajadora.

La segunda posibilidad es a través de una modificación de la Ley de Seguridad Social, adecuación menos traumática que probablemente no requiera una reforma al Código de Trabajo.

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Finalmente, la tercera alternativa sería impulsar una ley Especial que regule el trabajo doméstico y que incluya disposiciones que aseguren, entre otros, el ejercicio del derecho a la seguridad social a estos trabajadores.

Lograr la incorporación a la seguridad social de los trabajadores es un compromiso asumido por la República Dominicana al firmar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de su representación tripartita, para garantizar el reconocimiento y ejercicio de los derechos laborales de los y las trabajadoras domésticas.

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La Constitución de la República refuerza el carácter universal del derecho a la seguridad social, en beneficio de las trabajadoras domésticas.

La encuesta COMMCA/SICA (2010) reporta que el 94% del total de la muestra de trabajadoras/es domésticas/os no posee un seguro médico, ni público ni privado.

Para la OIT el acceso a la seguridad social es uno de los factores esenciales para la transición a la formalidad porque fomenta de manera indirecta el acceso a otros derechos. Permite vigilar el cumplimiento del pago de salario mínimo o la jornada laboral.

También puede contribuir a demostrar la existencia de una relación laboral cuando no existe un contrato por escrito.

Formalizar el sector sin contrato

La OIT indica que el acceso a seguridad social facilita la inspección ya que provee un registro de las trabajadoras domésticas y de sus lugares de trabajo.

Esto es de particular relevancia en aquellos países donde la inscripción del contrato en los Ministerios de Trabajo no es obligatoria. Indica que la falta de contrato laboral implica que las posibilidades reales de acceder al seguro social sean muy limitadas.