El hecho de que el presidente Luis Abinader haya retirado el proyecto de reforma fiscal porque la ciudadanía manifestó su rechazo, ya que su aplicación reduciría las nuevas inversiones en turismo, construcción y parques de zonas francas, penalizaría el ahorro provocando fuga de capitales o aumento de las tasas de interés y por vía del ITBIS impactaría sobre la clase media y los pobres; el rechazo fue a esa reforma regresiva y no a una reforma fiscal integral necesaria para desmontar la deuda pública y generar mayores recursos para obras prioritarias de inversión, salud y seguridad ciudadana.

El 28 de junio de 2015 publiqué en este medio un artículo bajo el título “La bomba de tiempo fiscal”, con el interés de recordar a las autoridades que surgieran de los comicios de 2016, el imperativo de una reforma fiscal, acorde a lo estipulado en la Estrategia Nacional del Desarrollo, dirigida a incrementar la presión tributaria para financiar un gasto de mayor calidad y reducir los niveles de deuda publica. Desde entonces mi posición ha sido coherente.

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En aquel momento la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) era de US$23,515 millones y la del BC de US$8,256 millones, una deuda consolidada de US$31,771 millones, equivalente al 44.8% del PIB, mientras al mes de agosto de este 2024 la deuda del SPNF asciende a US$57,596 millones y la del BC a US$17,100 millones para un total de US$74,696 millones, equivalente al 60.0 % del PIB.

El país no se encuentra en la antesala de una insostenibilidad fiscal, pero de posponerse indefinidamente una reforma, la deuda seguirá en aumento, el pago de los intereses y las agencias clasificadoras de riesgo y los mercados devaluarán nuestros bonos encareciendo el endeudamiento y colocando la ejecución presupuestaria en mayores limitaciones.

El proyecto de presupuesto para 2025 contempla un déficit fiscal consolidado de RD$240,828.4 millones; para el próximo año implica un aumento de la deuda en US$3,900 millones. En ese presupuesto el pago de los intereses ascenderá a RD$298,607.2 millones, equivalente al 25.6% de los ingresos tributarios.

Este es el momento propicio, así como lo fue en 2016, de impulsar una reforma fiscal que acometa el tema del gasto público con recortes en partidas superfluas para ser dirigidos a cuestiones prioritarias y una reforma tributaria que modifique la ley de incentivos al turismo, manteniéndola con una extensión de cinco años a proyectos en los polos en desarrollo, también a la de cine para que no financie producciones extranjeras, explorar otras posibilidades para la industria local, incentivar la instalación de empresas de alta tecnología y startups y desarrollar estrategias para disminuir la evasión y la elusión.

Que son necesarios gravámenes, por supuesto, progresivos, como la Ley de Circulación de Vehículos y, si es necesario, ampliar la base del ITBIS para reducir la evasión que se haga con un ITBIS reducido y diferenciado para los alimentos.

El presidente Abinader cuestionó a los anteriores que eludieron la reforma fiscal para proteger su popularidad política, ahora no debe rehuir porque le rechazaron una propuesta regresiva, anti-inversion y penalizadora de los consumidores; partiendo de cero puede convocar a los mejores expertos fiscales, diseñar un nuevo proyecto y someterlo al CES. Posponer la reforma al 2028 sería equivalente a llevar al borde del precipicio de la insostenibilidad fiscal al próximo gobierno.