El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Luis Henry Molina, afirmó ayer que aunque la igualdad de todos ante la ley, el debido proceso y la presunción de inocencia parecen conquistas ganadas y están escritas en los códigos, en el país siguen siendo amenazadas de diferentes formas.

Dijo que como garantes de la justicia la labor de los jueces “es permanecer imparciales y ajenos ante cualquier tipo de presiones, y actuar siempre con escrupuloso apego al derecho y a la ley”.

Pidió a todos los actores del sistema, del Estado, y a la sociedad en su conjunto, abordar juntos esa labor de los jueces, “a veces solitaria pero siempre irrenunciable”, de preservar los principios y garantías, así como la imparcialidad.

El también presidente del Poder Judicial habló en esos términos en el acto de juramentación de 1,286 nuevos abogados, en el marco del cual fue reconocido un grupo de juristas (algunos póstumamente) defensores de presos políticos durante épocas en las que dijo, los derechos eran privilegios de unos pocos.

Puede leer: Santiago Rodríguez: reconocen al director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then

Son ellos, Rafael Valera Benítez, Julio Aníbal Suárez, Virgilio Bello Rosa, Abel Rodríguez del Orbe, Abraham Bautista, Orlando Rodríguez, Salvador Jorge Blanco, Julio Ibarra Ríos, Manolo Medrano, Sofía Sánchez Baret, Hilda Grauteaux, Héctor Cabral Ortega y otros, cuyo rol “fue crucial en la lucha por un Derecho basado en las garantías personales y en la construcción de una democracia justa y libre”.

En reconocimiento a ellos también llamó al Estado Dominicano y a la sociedad, a preservar esas garantías, que dijo, son el corazón del Estado Social y Democrático de Derecho.

Resaltó que el Estado de Derecho es lo único que le pone límites “a la arbitrariedad y a la fuerza bruta”, y que es tarea de todos abordar las necesidades de optimización del sistema penal, viendo las causas reales del problema y sus distintas aristas.

“No podemos caer en soluciones fáciles que a la larga generan nuevos problemas, sin resolver los anteriores; la modificación al Código Procesal Penal que solventó el paso a un sistema acusatorio en el que los derechos de todos se hacen valer por medio del debido proceso, es un paso de avance con mejoras pendientes que debemos impulsar”, dijo.

Agregó que es hora de que entre todos asuman el gran reto para que el sistema penal logre su cometido de hacer justicia…; e imperativo “que más allá de aplicar sanciones, aboguemos por la rehabilitación y la reintegración en la sociedad, como objetivos fundamentales”.