El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), es la agencia de inteligencia de República Dominicana, creado con el propósito de realizar cualquier investigación a cualquier persona en suelo dominicano que sea considerada una amenaza a la constitución y la soberanía nacional.

El DNI es un organismo dependiente de las Fuerzas Armadas, según lo establece la Ley 857, promulgada en 1978.

El servicio de inteligencia en el país es una herencia del trujillismo. El DNI era en los años 50 el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), un organismo que se encargaba de perseguir y oprimir a los opositores del régimen del dictador Trujillo, además de silenciar a las masas y frustrar los planes anti-trujillistas.

Luego del ajusticiamiento del tirano el SIM pasó a llamarse Dirección General de Seguridad (DGS), su adaptación se produjo el 15 de enero de 1962 y estuvo vigente hasta el 20 de marzo de 1964, cuando el Triunvirato creó el actual DNI como un organismo adscrito a la Presidencia.

Según data la historia, con el DNI bajó las órdenes directas del presidente de la República, se oprimió a los dominicanos durante los gobiernos del extinto Joaquín Balaguer a nombre del «servicio de Inteligencia».

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Es el expresidente Joaquín Balaguer quien reforma el DNI poco antes de entregarle la Presidencia al perredeísta Antonio Guzmán (fallecido).

Mediante la Ley No. 857, promulgada en 1978, el DNI deja de ser un organismo dependiente de la Presidencia y pasa a las Fuerzas Armadas.

Misión:

Planear la búsqueda, colección y procesamiento de información en apoyo a las investigaciones concernientes a los aspectos políticos, económicos, sociales, crimen organizado nacional e internacional, ingreso y actividades de extranjeros, a fin de poder detectar a tiempo cualquier atentado contra la seguridad nacional, el orden público, la Constitución y las Leyes.

Funciones:

Propender al cumplimiento de la Constitución y las Leyes y preservar las instituciones del Estado.
Investigar cualquier acto cometido por personas, grupos o asociaciones, que atenten contra la Constitución y las Leyes de la República, las instituciones del Estado o que traten de establecer una forma de gobierno totalitario.
Colectar y procesar información referente a las amenazas a la seguridad del Estado y sus instituciones, cuyo producto sirva de base a la toma de decisiones de los más altos niveles de mando de la nación.
Requerir la cooperación de todas las dependencias gubernamentales cuando considere que son necesarias para la protección de la Constitución, las Leyes de la República y las Instituciones del Estado.

Titular actual: El pasado 16 de agosto, el presidente Luis Abinader designó a Luis Soto como director del DNI, convirtiéndose en el primer civil en dirigir este departamento tradicionalmente ocupado por militares.

Controversia

Ayer, el poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto de Ley para impulsar la reforma y modernización del DNI.

Dentro de las propuestas contenidas en el proyecto, llama la atención que después de 43 años y con el oscuro pasado del DNI bajo las directrices del la Presidencia y sin ella, se pretenda nueva vez que este organismo sea encabezado por el primer mandatario.

El proyecto de Ley busca adecuar el marco normativo del Sistema Nacional de Inteligencia, el cual queda bajo la rectoría de la Dirección Nacional de Inteligencia, institución dependiente del presidente de la República que sustituye al actual Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, indicó que con esta acción se procura dotar a la institución de las herramientas que necesita para su importante labor en la lucha contra el crimen y la protección de la seguridad del Estado, a la vez que continúa fortaleciendo el marco institucional y legal de las instituciones públicas.

Peralta Romero aseguró que conforme al proyecto sometido, la nueva Dirección Nacional de Inteligencia ejercerá sus atribuciones con apego al marco constitucional y legal vigente y pleno respeto de los derechos fundamentales.

El funcionario aseguró que este instrumento legal establece una frontera entre el viejo régimen de inteligencia que evoca oscuros recuerdos de violación a derechos y un sistema moderno, legal, institucional y que pueda operar con eficacia, pero a la vez en el respeto de los derechos de la ciudadanía.

“Con la aprobación de este proyecto de ley se actualizaría y adecuaría la base legal de este importante órgano del Poder Ejecutivo, por lo que esperamos que los legisladores de la República puedan evaluar oportunamente el proyecto sometido y dar a la nación una norma tan necesaria como esta”, afirmó Peralta Romero.