Cada fenómeno atmosférico que se abate sobre la República Dominicana contiene un conjunto de informaciones importantes, entre las cuales sobresale nítidamente una: casi todas nuestras ciudades, empezando por el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago y otras, adolecen de un sistema de alcantarillado pluvial capaz de tragarse altos volúmenes de lluvias y mitigar las inundaciones que traen consigo.

Los últimos aguaceros se estima que se acumularon 300 mm de lluvia caídas durante este fin de semana, provocaron luto, heridos, desaparecidos y el estrepitoso derrumbe de la pared lateral del paso a desnivel, situado en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, en la Capital, que mató a 9 personas, aplastó vehículos, inundó las vías y esparció el miedo por doquier. Las precipitaciones son estimadas entre 500 a 3000 mm anualmente.

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¿Por qué el Gobierno no acaba de asumir un plan nacional de construcción, limpieza e inspección del sistema de alcantarillado pluvial? El Ejecutivo debería priorizar una urgencia de esta naturaleza y buscar los cuantiosos recursos que implica la referida labor.

Debe reconocerse, no obstante, que al INAPA –Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado- a cargo de Winston Arnaud, compete el mantenimiento del alcantarillado pluvial y sanitario, labor, que, según la opinión pública, está cumpliendo efectivamente, a pesar de la estrechez de recursos económicos que caracteriza a la institución.

Pero, las alcantarillas desbordan su capacidad debido a la irresponsabilidad ciudadana, de inescrupulosos, ignorantes o inconscientes, que suelen bloquearlas con basuras lanzadas en calles, contenes, aceras, puentes, cabeceras de ríos y en cañadas. La vocación a la suciedad de la mayoría de munícipes provoca indirectamente las inundaciones, al tapar las alcantarillas, pretextando el incumplimiento de muchas alcaldías para recoger regularmente desperdicios.

Resulta indiscutible que República Dominicana padece los rigores del cambio climático, tema abordado en la Constitución, Art. 194, que dispone el Plan de Ordenamiento Territorial como prioridad del Estado para la formulación y ejecución de un orden territorial, que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales, adaptado al cambio climático.

Hace 7 años, RD fue clasificada en el décimo primer lugar entre los países más vulnerables al cambio climático, según el Global Climate Risk Index 2016, mientras Haití fue situado entre los tres más afectados, lo que situó a la isla entre las más comprometidas a nivel global.