El presidente Abinader enumeró una serie de proyectos y programas que iban a ser financiados con los recursos que generaría una reforma fiscal que luego fue retirada y que sumaban 122,000 millones de pesos. ¿Será esa una suspensión indefinida, o se encontrarán fuentes alternas de recursos para financiarlos?

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Una forma irresponsable

Si Luis Abinader fuese un presidente irresponsable, que no lo es, optaría por emitir bonos soberanos por los 122,000 millones de pesos y dejaría el problema en el 2028 al próximo gobierno, ya que no se va a reelegir, pero eso violaría la Ley de Responsabilidad Fiscal que busca reducir la proporción entre la deuda y el tamaño de la economía. Creemos que el presidente no seguirá ese camino.

Las formas responsables

El presidente podría entregar como concesión al sector privado el tren que iría de la capital a Caucedo y también podría hacerlo con otros proyectos de transporte colectivo. Con eso se lograrían los proyectos sin recursos estatales. El presidente también podría vender a muy buen precio hasta un 40% de las acciones del Estado en Las Catalinas y entregar estas a una administración privada, utilizando los recursos así generados para los proyectos que iban a ser financiados con la reforma tributaria. También podría privatizar las tres distribuidoras de electricidad si es que encuentra apetito para eso en el sector privado, utilizando esos recursos también para los planes que iban a ser financiados con la reforma tributaria. Y es que este Gobierno ha sufrido de una tendencia de aumentar la cantidad de empresas estatales. Los hoteles en Pedernales los está construyendo el Estado, en contraste con su anterior construcción por parte del sector privado en las costas norte y este. La Refinería de Petróleo sigue en manos del Estado.

También podría renegociarse el acuerdo con los hoteles de nuestra costa este bajo el cual se determina, por medio de una negociación bilateral, el monto del alquiler promedio de una habitación, ya que los dueños de los hoteles a su vez se encargan del mercadeo de las mismas. México en Cancún fue el que inició ese proceso y aquí se copió, pero luce que manos poco santas intervinieron por lo que tal vez se requiere modificar ese acuerdo, lo que agregaría ingresos adicionales al Estado. Tiene sentido quitar los incentivos turísticos para los proyectos de construcciones en nuestra ya desarrollada zona este, en nuestra ciudad capital (donde torres que no tienen nada que ver con el turismo reciben los incentivos) en Guayacanes y Juan Dolio, pero dejando los incentivos a las zonas menos desarrolladas de Pedernales, la costa norte y Samaná.

Tendría sentido gravar con el Impuesto sobre la Renta los negocios de bienes raíces que conforman los parques de zonas francas, pues eso no necesariamente aumentaría el costo de los alquileres para las empresas de las zonas francas.

Fueron pocas las justificaciones de la reforma tributaria que se hicieron públicas. La única que me impactó fue el análisis sobre la gran cantidad de recursos que perdía el fisco bajo la Ley de Cine y que podrían haber generado muchísimos empleos a través del sector público, en contraste con los pocos empleos generados en el sector de los cines y su impacto negativo sobre nuestra balanza de pagos. Al igual que la Ley sobre Desarrollo de la Zona Fronteriza, la Ley de Cine debe ser modificada.

Con relación al Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria, si la determinación del valor de los inmuebles lo decidiese la DGII y no el Catastro, eso aumentaría la base imponible y las recaudaciones sobre todo para propiedades en el gran Santo Domingo, Santiago y las zonas turísticas playeras.

Finalmente, la unificación de la DGII con la dirección general de aduanas, aumentaría mucho la información cruzada para así reducir el fraude. La implementación de plataformas digitales también reduciría el fraude en el ITBIS.

La decisión de no llevar a cabo la reforma tributaria retrasa muchísimo las posibilidades de que el país logre grado de inversión. Consecuentemente nuestros bonos seguirán siéndonos caros. Sugiero estudiar repetir la reciente operación salvadoreña por medio de la cual con recursos del US International Finance Corporation y el Servicio Católico de Ayuda se recompró, con un importante descuento, una parte de sus bonos soberanos, utilizando los recursos así generados en proyectos “verdes”.