El pasado 2 de octubre, pocos días antes de que el Gobierno presentara al país el proyecto de “modernización fiscal”, publiqué en esta columna un artículo titulado: “Tanto cacarear la reforma fiscal”.

Ahí señalé que la reforma fiscal se va a realizar cuando el Gobierno no pueda posponerla más, ante la amenaza de un desequilibrio macroeconómico. O sea, será un acto de necesidad, no de consenso nacional.

Y es que las dificultades para hacer una reforma fiscal son enormes porque ningún Gobierno quiere pagar el costo político de aumentar impuestos, y, por más que se disfrace, de eso se trataría una reforma fiscal.

También señalé en ese artículo que, aún lo establezca la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de 2012, un pacto fiscal es difícil porque los intereses económicos son diversos y antagónicos.

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Ya la clase empresarial no domina el escenario como antes. En los últimos 20 años ha crecido la clase media dominicana y se han desarrollado las redes sociales que sirven para protestar; y en la postpandemia se produjo una inflación que el pueblo dominicano ha asumido con estoicismo. Si a esa inflación se agrega un aumento de impuestos, el descontento será brutal.

De su lado, el Estado dominicano opera con muchas ineficiencias: excesiva empleomanía, exenciones impositivas a vehículos de lujo para legisladores, barrilitos, cofrecitos, déficits del sector eléctrico, mucha evasión fiscal, etc. Esto hace difícil legitimar ante el pueblo un aumento de impuestos.

El lunes 7 de octubre, el presidente Luis Abinader presentó el proyecto de reforma, indicando que era el producto de varios años de trabajo de técnicos del Gobierno. Al día siguiente lo introdujeron al Congreso.

La reacción en contra de diversos sectores fue inmediata, y con justa razón.

El proyecto ponía impuestos y eliminaba subsidios a diestra y siniestra. Hubo reacciones negativas en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las vistas públicas del Congreso, y algunos cacerolazos.

El sábado 19 de octubre el presidente Abinader anunció que retiraba el proyecto del Congreso porque había escuchado la voz del pueblo. O sea, después de tanto cacarear la necesidad de la reforma fiscal desde el 2021, el Gobierno reculaba a pocos días de presentarlo.

El PRM tiene ya cuatro años gobernando, novatos ni ingenuos son, y con un ligero conocimiento político era posible saber que la reacción de diversos sectores sería muy negativa. ¿Por qué entonces sometió el presidente Abinader un proyecto así?

La secuencia rápida de eventos del 7 al 19 de octubre muestra que la intención del Gobierno no era aprobar esa reforma fiscal, sino escenificar un ritual de intento.

Cierto, el Gobierno quiere recaudar más dinero. Cierto, es difícil poner impuestos. Pero presentar un proyecto que supuestamente se preparó con esmero técnico, que el Gobierno ha dicho y requeté dicho que es necesario, y retirarlo rápidamente no es muestra de espíritu democrático, es un irrespeto a la ciudadanía.

Al Gobierno que ordene su casa, que combata la evasión y que abandone la vorágine de endeudamiento. Porque el pueblo dominicano no tolerará por ahora más impuestos.