Desde hace tiempo vengo diciendo, y vuelvo a repetirlo ahora, que cuando nuestras autoridades —Policía Nacional y Ministerio Público– quieren resolver un caso criminal lo resuelven, pues cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias y personal competente y bien entrenado en técnicas investigativas. Por eso no me sorprendió leer que el Ministerio Público informó que ya están detenidos los dos hombres que el pasado 21 de enero atacaron a tiros la residencia de la vicealcaldesa de San José de Las Matas, Yolanda Espinal, donde gracias a Dios nadie resultó herido aunque tanto el vehículo de la funcionaria como la vivienda en la que reside junto a su esposo recibieron varios impactos de bala.

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La agresión, como es lógico suponer, provocó alarma y consternación en San José de las Matas y el resto del país por tratarse de un atentado criminal contra una funcionaria pública, lo que desató una oleada de especulaciones sobre los motivos del atentado, que no dejaron fuera la política. Y aunque la vicealcaldesa convocó al día siguiente una rueda de prensa para aclarar que no tiene problemas con nadie ni enemigos que justifiquen un ataque de esa naturaleza, es evidente que los perpetradores de la agresión, o los autores intelectuales que le habrían pagado a los gatilleros, opinan lo contrario.

Agregue a eso el hecho de que en la provincia Santiago, donde en menos de una semana cuatro personas fueron asesinadas a tiros por encapuchados, la industria del sicariato opera a plena capacidad.

Por eso es tan importante que las autoridades, que afirman desconocer las razones que tuvieron los detenidos para cometer la acción, determinen los motivos de la agresión para llegar hasta el fondo del asunto y que nadie quede impune. Si no se actúa de esa manera, si ese hecho se aclara “por arribita” y no se toca a sus patrocinadores, solo se estará haciendo la mitad del trabajo, enviando un pésimo mensaje a los cobardes que desde las sombras ordenan esas acciones criminales.