No hay dudas de que las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas a varias entidades públicas complican la situación jurídica de algunos imputados en los casos de corrupción que se ventilan en los tribunales, complicando también el trabajo de sus abogados, a los que luego de publicarse sus resultados, provocando espanto, indignación y asombro en una sociedad que pensó que ya lo había visto y escuchado todo en materia de corrupción pública, se les hace más cuesta arriba defender su presunta inocencia.

Pero es gracias a la publicación de esas auditorías que entendemos mejor porqué el Ministerio Público bautizó como Operación Antipulpo el caso que tiene como principal imputado al señor Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, pero también nos han llevado al convencimiento, visto el alcance y las dimensiones de las operaciones de las que presuntamente se benefició, de que en ese expediente acusatorio falta todavía mucha gente.

Pero si la tienen bastante difícil los abogados defensores, que según el Ministerio Público tendrán que lidiar con expedientes que están blindados, algo parecido ocurre en el PLD, al que esas auditorías han dejado sin argumentos para defender o justificar sus hallazgos.

Esa falta de argumentos es lo que explica que el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, diga que con esas publicaciones el Gobierno trata de desviar la atención debido a que su popularidad “va en picada”, sin que se molestara en decir en cuál estudio de opinión o encuesta se fundamentó para hacer esa afirmación.

Y no debe sorprender que el legislador piense que los miembros de la Cámara de Cuentas se prestarían a esa maniobra de distracción que le atribuye al Gobierno, pues sus anteriores incumbentes convirtieron el principal órgano fiscalizador del patrimonio público en un ente encubridor de la corrupción, con lo que vuelve a demostrarse, una vez más, que el ladrón siempre juzga por su condición.