PUERTO PRÍNCIPE. – La corrupción que gangrena a Haití es denunciada en los discursos oficiales, pero a pesar de varias investigaciones a exministros, los procesos judiciales se hacen esperar y esta enraizada práctica continúa creciendo sin problemas. Haití figura todos los años en la lista de los peores alumnos de la clase en los informes que realizan tanto la ONG Transparencia Internacional, sobre la percepción de la corrupción, como la revista Forbes, sobre el clima de negocios.

El presidente Jovenel Moïse, electo a comienzos de 2017, se ha declarado dispuesto a combatir la corrupción. «Bajo todas sus formas, la corrupción gangrena y atrofia la economía. Ha fragilizado profundamente las bases políticas y desestabilizado el tejido social del país: es un crimen contra el desarrollo», dijo ante la asamblea general de las Naciones Unidas, reunida en septiembre pasado en Nueva York.

Esas intenciones podrían haberse concretado tras la publicación, en noviembre, de un informe parlamentario en el que se acusa a quince exministros de haber estado implicados en una «estafa a gran escala» entre 2010 y 2016. En más de 600 páginas, el documento detallaba posibles irregularidades y sospechas de ilegalidades en la gestión de los fondos de «Petrocaribe», un programa de créditos vinculado a las compras de hidrocarburos venezolanos lanzado por el fallecido presidente de ese país Hugo Chávez en favor de una decena de naciones del Caribe y América Latina.

Desde que Haití se incorporó a ese programa, en 2009, esta fuente constante de ingreso de divisas levantó sospechas sobre su utilización, ya que a diferencia de los préstamos financieros internacionales los recursos podían ser empleados por las autoridades locales sin control alguno, ni siquiera de parte de los donantes venezolanos.

«Se sabe perfectamente que hubo mala gestión, puesto más de 2.000 millones de dólares fueron gastados y esas sumas no aparecen en el crecimiento del país», analiza el economista haitiano Kesner Pharel. Pero es sumamente probable que este último informe parlamentario no tenga ninguna consecuencia judicial, como sucedió con el anterior, de 2016, que ya había cuestionado el comportamiento de una quincena de actores políticos sin que ello diera lugar a proceso alguno. Esta vez, aunque el Ejecutivo dispone de una amplia mayoría en el Senado, todavía no se ha iniciado ningún debate parlamentario al respecto, ni siquiera para definir si este segundo informe es recibido