En la presente coyuntura, los hallazgos provenientes del estudio Radiografía del Trabajo y los Salarios en República Dominicana 2024, caen como anillo al dedo, debido a que el presidente Luis Abinader ha enviado al Comité Nacional de Salarios (CNS) una propuesta concerniente a aumentar un 19 % al salario mínimo del sector privado no sectorizado. Además, el estudio en cuestión sirve de argumento al reclamo que desde hace más de un año viene haciendo el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP, con respecto a un justo y pertinente aumento al sueldo mínimo del sector público, el cual permanece estático en RD$10,000.00 desde febrero de 2019 hasta la fecha de hoy.

El referido estudio aporta informaciones relevantes para conocer y abordar las fuerzas restrictivas que inciden negativamente en el mercado laboral y en los salarios de República Dominicana. Por ejemplo, es vergonzoso, ridículo, escandaloso y humillante, el hecho de que el salario mínimo público sea de diez mil miserables pesos, mientras que, según datos del Banco Central, el costo de la canasta para el quintil más bajo (familias con menores recursos) cerró en el 2024 en RD$27,724.42, lo que en comparación con el 2023 se incrementó en RD$925.72.

En el marco de la presentación del estudio “Radiografía del Trabajo y los Salarios en República Dominicana 2024”, el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Dr. Antonio Ciriaco Cruz, afirma que República Dominicana ha experimentado un crecimiento económico significativo en las últimas décadas, convirtiéndose en uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera en sectores claves como el turismo y las zonas francas industriales en la región. Sin embargo, paralelamente con ese alto crecimiento, el país enfrenta desafíos persistentes en términos de desigualdad y condiciones laborales, y muchos de los trabajadores y trabajadoras se enfrentan a salarios bajos, falta de seguridad laboral y dificultades para acceder a empleos formales y bien remunerados.

En el referido estudio, auspiciado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Fundación Juan Bosch, los investigadores Matías Bosch Carcuro, Francisco Tavárez Vásquez, Perla Massiel Rosario Fabián y Enmanuel de León Reyes, analizan de manera objetiva los distintos aspectos del mercado laboral dominicano, incluyendo los niveles de sindicalización, la participación en la riqueza producida, la tasa de desempleo, el empleo informal, la brecha salarial, el trabajo digno, los marcos y respuestas institucionales, entre otros temas relevantes de interés nacional y de políticas públicas

El estudio “Radiografía del Trabajo y los Salarios en República Dominica 2024, concluye planteados aspectos sustanciales para el debate y abordaje de políticas públicas. Entre las conclusiones más relevantes del estudio en cuestión, se destacan las siguientes:

El trabajo y el salario dignos deben ser un objetivo de las políticas públicas, sin lo cual carece de sentido para el desarrollo y el bienestar la promoción de las inversiones. Crear empleos es importante, toda vez que sean de calidad, seguros, permitan la vida digna y el perfeccionamiento continuo de las familias y las personas, garanticen la justa participación en la riqueza creada y se den en el marco de la democracia social y económica que establece la Constitución.

La formalidad precarizante, la precariedad generalizada, la sobreexplotación y el tratamiento de la mayoría poblacional como «ejército de reserva» para el abatimiento de las condiciones salariales y laborales, es un factor decisivo en los niveles de pobreza generalizada que se corresponden con la concentración y acumulación de riquezas, y, por tanto, del estancamiento del progreso compartido socialmente y de hacer de República Dominicana un destino y polo de inversiones basadas en la depresión laboral (así como tributaria, medioambiental, entre otros vectores de competitividad espuria).

La prevalencia de salarios bajos en la economía dominicana no solo se debe a la informalidad, pues en parte esta debe su alta presencia a los bajos salarios del sector formalizado de la economía, que estimula la migración de la formalidad con salarios precarios a la informalidad con ciertos grados de libertad empresarial y emprendimiento (lo cual, además, se promueve por el alto grado de adoctrinamiento mediático a través de la prédica individualista mercantil del «emprendedurismo»).

La tendencia a largo plazo de los salarios reales en sectores subvencionados de la economía (turismo y zonas francas), que supondrían por su privilegiada estructura de costos pagar mejores salarios, son los que menores montos pagan, precisamente por la dinámica sectorial, donde la competitividad se logra a base de exenciones, subsidios y baja pugna salarial.

El divorcio entre la productividad laboral y el crecimiento económico en el país es consistente, estructural y persistente, lo que revela que deben impulsarse esfuerzos continuos de incremento salariales que muevan hacia arriba la participación de la renta del trabajo en el ingreso nacional, así como promover empleos de calidad y una política de desarrollo productivo que cree empleos en sectores de alta productividad. Este esfuerzo continuo debe integrarse a iniciativas que respondan a la profesionalización, educación y adaptabilidad de la fuerza laboral a las condiciones del mercado de trabajo.

Los dominicanos perceptores de bajos ingresos, sobre todo aquellos de salarios mínimos y trabajos precarios, son los que deben recurrir a actividades suplementarias para poder cubrir las necesidades de consumo del hogar. Adicionalmente, lo que llaman población no pobre o de clase media, vive en un estado de vulnerabilidad crónica, siendo sus respectivos ingresos promedios prácticamente iguales a sus gastos, lo que deja poco margen a la maniobra financiera, de ocurrir percances y contingencias económicas como el desempleo, la enfermedad, fallecimientos u otras situaciones que afectan la estabilidad emocional y económica del hogar. Es decir, tampoco existe un margen al ahorro ni a la inversión, lo que limita la capacidad de estos hogares de acceder a la vivienda y a servicios esenciales como la salud, educación y seguridad social.

La mejoría en la proporción de la masa salarial real, de no constituirse en una política salarial consistente, que rebase el simple ajuste por inflación bianual de los distintos sectores productivos, no va a ser duradero ni compensará al factor trabajo en su justa dimensión por su aporte a la creación de riqueza nacional. Los datos expresan que hay un deterioro progresivo de la capacidad adquisitiva, pobreza laboral e insuficiencia de vida ante una mayor intensidad de la explotación laboral.

El reto de política laboral en el país debería formularse bajo el objetivo de un esfuerzo sincero por ampliar el empleo formal y mejorar sensiblemente la retribución al factor trabajo con salarios suficientes y dignos, en base a los siguientes criterios: 1) la regla básica de que el salario cubra el costo de la vida decente, calculada adecuadamente; 2) el aumento del salario real y, por tanto, del poder de compra; 3) el aumento de la participación en el PIB; 4) el aumento en la participación de costos y beneficios de las empresas; y 5) el aumento en base a los avances en productividad.

Si no hay incentivos a la formalidad mediante estímulos de mejores salarios y un apoyo decidido hacia las MIPyMES para hacerlas viables desde el punto de vista económico a través de un sistema tributario más benigno y flexible que facilite su formalización, el círculo vicioso es indetenible y solo serán admisibles las recetas neoliberales de precarización y disminución de los «costos laborales».

La protección sindical es endeble e inexistente en muchos sectores económicos. La lucha por la desindicalización de los trabajadores no solo se libra en el plano de la efectiva fricción de poder capital-trabajo, con políticas y prácticas de hecho que son anticonstitucionales, sino que también se extiende al debate de los marcos de la discusión mediática, donde los medios de información y comunicación de masas han vaciado y estigmatizado la palabra «sindicato». Si la batalla por la percepción y las ideas se pierde, llevando a la clase trabajadora a asumir el credo neoliberal de que el futuro laboral depende del talento y el mérito, y no de las relaciones de poder, se inutiliza el rol de la afiliación sindical desde el punto de vista reivindicativo. El Estado debe cumplir su misión de proteger la sindicalización generalizada, efectiva y protegida, así como la negociación real por empresas, por sector y por ramas de actividad, junto con todos los derechos laborales conexos.

El trabajo a tiempo parcial o a destajo constituye un deterioro de las condiciones de vida del trabajador, al no darle los derechos laborales plenos que disfrutan los trabajadores a tiempo completo en una empresa o institución. Generalmente, el vaciamiento en derechos va aparejado de evitar su consolidación a través de la sindicalización y la negociación colectiva, que siguen siendo objetivos que se alejan con el paso del tiempo.

En cuanto a la fuerza de trabajo juvenil, sobre todo para aquella que ni trabaja ni estudia (Ninis), se deben implementar medidas de corte laboral que derrumben las barreras de inclusión que persisten. Para los jóvenes de entornos sociales vulnerables y empobrecidos, las oportunidades entonces pueden llegar a las redes de la delincuencia común y del crimen organizado, con su consecuente alto costo social en episodios de violencia, maltrato y muertes derivadas de actividades riesgosas. Ampliar los derechos, igualando las oportunidades de acceso a la educación, formación universitaria, técnica y profesional, acercando las redes de apoyo del Estado a la gente joven vulnerable y desarrollando el trabajo digno, se profundizaría y aceleraría la disminución de la cantidad de jóvenes que ni trabajan ni estudian.

Debe ser prioridad de política laboral la implementación del sistema nacional de cuidados para reducir la carga de trabajo no remunerado en las mujeres, así como fortalecer las capacidades para la inserción laboral de los trabajadores y trabajadoras, y mejorar el acceso de los trabajadores al sistema de seguridad social y de salud del país, considerando siempre que esto se refiere al sistema de carácter universal, público, con suficiencia en coberturas y garantes de derechos.

Ojalá que los representantes de las entidades que integran el Comité Nacional de Salarios (CNS), lean e interpreten correctamente los hallazgos y conclusiones que se plantean en el estudio “Radiografía del Trabajo y los Salarios en República Dominica 2024”, patrocinado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Fundación Juan Bosch.