Convencida de que la consolidación de la democracia exige instituciones fuertes dotadas de legalidad e independencia para velar por el correcto ejercicio de los derechos ciudadanos y de que la mejora continúa de la institucionalidad optimiza el funcionamiento de un régimen democrático transparente, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) hizo un balance sobre aspectos claves, con miras a visualizar los retos y perspectivas que tiene el país a partir de este nuevo año 2025.

La entidad de la sociedad civil considera que frente a un mundo globalizado con exigencias y desafíos económicos, sociales y tecnológicos que van más allá de los ejes concebidos hace una década, es necesario la adopción de un marco institucional “sólido” con capacidad para responder esas nuevas exigencias, y ajustar los cambios que demanda el presente.

Indicó que si bien en el 2024 en el país hubo una importante actividad legislativa y judicial, “de cara al 2025 es imperativo que se profundice la labor legislativa para conocer de las reformas más significativas que darán una respuesta palpable al dinamismo con el que avanza la sociedad actual”.

Asimismo, señaló que la reforma de los marcos globales de la vida económica y social de República Dominicana cerró el 2024 con un crecimiento sostenible que ha convertido a nuestra economía en la séptima más grande de América Latina y el Caribe.

“El Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido de manera sostenida y hemos pasado de ser un país de renta baja a uno de renta media, lo que ha producido una expansión considerable de la clase media y una reducción significativa de la pobreza. Hemos gozado de estabilidad política y paz social, con un fortalecimiento cada vez mayor de nuestras instituciones”, subrayó.

Agregó que no obstante esos logros el país tiene importantes tareas pendientes entre las que citó “el fortalecimiento institucional, mejora en el gasto público, mayor transparencia, reducción de la corrupción, continuar expandiendo la infraestructura y fortalecer los sistemas de educación, salud pública y seguridad social”.

Retos

Dentro de los retos más visibles vinculados con las metas anteriores, FINJUS entiende necesario fortalecer la fiscalidad del Estado para reducir los déficits fiscal y cuasi fiscal, al tiempo que se realizan las reformas integrales en materia impositiva que faciliten las mejoras en el gasto público, se incremente el ahorro y la inversión, entre otros aspectos medulares.

En ese sentido, FINJUS hace un llamado para que los diferentes sectores sociales y estatales coordinen una agenda consensuada para las reformas necesarias en estos aspectos, desde un enfoque participativo.

Justicia e institucionalidad

FINJUS resaltó que en la reciente reforma constitucional hay avances significativos para elevar los niveles de transparencia y lograr una justicia independiente y cercana a la gente, como son la consolidación de la figura del Procurador General de la República y su exclusión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Sin embargo, considera que si bien se propone una estructura que desvincule al PGR de la práctica política y aumente su imparcialidad, “deben ponderarse mecanismos suficientes que aseguren su debida rendición de cuentas y el buen ejercicio de sus funciones”.

Afirmó que en Ministerio Público ha repuntado considerablemente la confianza ciudadana sobre sus acciones, lo cual puede servir de ejemplo para otros entes estatales.

Indicó que no obstante, persiste como un desafío para el sistema que quienes tienen la responsabilidad de ejecutar la política de persecución criminal de la nación se vean expuestos a riesgos que atenten contra su seguridad personal, debido a la falta de medios que permitan sustentar un ejercicio adecuado de sus obligaciones.

FINJUS entiende que el 2025 “ es el momento oportuno”, será el momento oportuno para consensuar un plan de acción en favor de quienes tienen la responsabilidad de diseñar, implementar y evaluar la política de persecución penal.

“Para que sea efectiva esta política debe dotarse de una base económica, social y reglamentaria que se adecue a las exigencias del presente y que contribuya a reforzar la actividad de persecución y el cumplimiento de las metas institucionales definidas en la Constitución y las leyes…”

Poder judicial

Indica que desde el punto de vista de la gestión institucional en la administración de justicia, y sistematizando las informaciones de los medios de comunicación en 2024, el Poder Judicial obtuvo importantes avances en su desempeño, entre los que destacan reducción de la mora judicial, promoción de los mecanismos alternos de resolución de conflictos en el área penal, “lo que representa un gran paso en la descongestión y no judicialización de conflictos sociales” y un acontecimiento de relevancia para el país en términos de cooperación internacional será la celebración de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, programada para mayo de 2025.

Desde la óptica de la FINJUS los retos más importante para el PJ son “profundizar el estatuto de la carrera para dignificar la labor de los jueces y garantizar su estabilidad en el cargo, continuar el proceso de mejora del escalafón judicial e impulsando la superación de las brechas institucionales con relación a otros órganos del sistema de justicia.

Agregó que otro gran reto que enfrenta el Poder Judicial en 2025 es hacer masivo el uso de las herramientas digitales, tanto en su interior, como en los demás órganos del sistema, permitiendo una gama de diligencias que agilizan y hacen más transparentes los procesos judiciales.

“Todo lo anterior implica reforzar la autonomía real de todas las instituciones que conforman el sistema de justicia, lo que implica la asignación de mayores recursos que le sean asignados para materializar sus mandatos normativos, fortaleciendo los mecanismos de gestión interna.

Sistema penitenciario

Dice desafío justicia implica innovar estructuralmente el sistema como forma de adecuación práctica y como nuevo mecanismo democrático para generar fortalecimiento Estado de derecho en su conjunto.