El uso de la tecnología ha sido la principal herramienta con la que los implicados en la red desarticulada con la operación Discovery accedían a víctimas en Estados Unidos, principalmente personas de edad avanzada, para estafarlos, según el expediente de medidas de coerción del Ministerio Público.

Esta organización criminal transnacional, de acuerdo a la imputación, operaba centros de llamadas (call centers) en Santiago, donde personas que manejaban el inglés y la tecnología contactaban a las víctimas en Estados Unidos para extorsionarlos y estafarlos de acuerdo a un guión previamente establecido.

De esta manera, señala el documento judicial, el entramado se enriqueció por más de US$100 millones a través de hechos punibles como la estafa internacional, extorsión, usurpación de funciones, porte ilegal de armas, asociación de malhechores y lavado de activos.

El texto detalla que el “modus operandi” del grupo era realizar llamadas “utilizando diversos subterfugios, como el ‘sextorsión’, intimidación, envío de medicamentos utilizando ‘delivery’, usurpación de funciones oficiales de los Estados Unidos de América (por ejemplo, agentes del FBI) y robo de identidad, para compeler a los estafados a enviar dinero”.

“Las ganancias que lograban los encartados por medio de las estafas les permitieron obtener un sistema informático que se encargaba de ubicar en las redes sociales y en fuentes abiertas los perfiles idóneos para ser convertidos en víctimas, buscando preferiblemente personas de la tercera edad (más de 65 años), ya retirados y vulnerables”, explica el expediente.

Puede leer: Operación Discovery: red robó más de 100 millones de dólares

Detalles de la Operación Discovery

El escrito añade que para movilizar el dinero la estructura cibercriminal ha utilizado el sistema financiero nacional, las criptomonedas, como el bitcoin; las transferencias espejos y depósitos a través de remesadoras, como Caribe Express y Western Unión, los cuales se realizan a favor de terceras personas denominadas en las estructuras criminales como “mulas”.

El Ministerio Público señala que la estructura delictiva tiene vínculos con el uso, tenencia y comercialización de armas de fuego de forma ilegal y con la organización criminal internacional denominada “Los Trinitarios”.

“Muchos de ellos han sido deportados de los Estados Unidos de América, otros tienen antecedentes penales en el país, así como su vinculación constante a individuos que se dedican a la venta de drogas y sustancias controladas en la ciudad de Santiago de los Caballeros y Puerto Plata”, refiere la solicitud de medidas cautelares.

Hasta el momento, han sido sometidas 38 personas y cinco empresas, contra las cuales se conocerá el pedimento de medidas coercitivas del MP a partir del próximo lunes.