Habría una reducción de RD$77,000 millones de la inversión en nuevos proyectos, provocando impactos negativos al PIB y la reducción de más de 115,000 empleos
Con el proyecto de Ley de Modernización Fiscal el precio de las viviendas se dispararía en más de un 30%, lo que provocaría que desaparezcan las viviendas de bajo costo, ya que estas saldrían de esta calificación por el precio que alcanzarían.
Con la reforma fiscal presentada por el Gobierno, se eliminaría la tasa diferenciada del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los fideicomisos de vivienda, lo que traería que el precio de la vivienda aumente en aproximadamente 12.5%, y a este aumento se le sumaría un incremento de 18% por gravar con Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) la venta, la inclusión del IVA al transporte y a bienes no industrializados como los agregados, y por el aumento del 50% a las retenciones realizadas a la mano de obra, explicó ayer la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi).
“Es decir que esta reforma fiscal resultaría en un aumento total del precio vivienda mayor al 30%” dijeron, al tiempo de solicitar que se abra un diálogo con las autoridades para revisar el paquete de medidas fiscales, con el fin de mitigar los efectos adversos sobre el sector.
Señalaron que ese incremento de 12.5% en el precio de las viviendas provocaría que más de 50% de los proyectos de viviendas calificadas en bajo costo, ya no pertenezcan a esa categoría y, además, los compradores perdería el bono de viviendas.
“Vamos a terminar no teniendo ni vivienda de bajo costo ni vivienda media. Desaparecería la vivienda de bajo costo. La vivienda media depreda la de bajo costo y esta terminaría eliminándose en general”, contestó la presidenta de Acoprovi, Annerys Meléndez.
Dijo que con los aumentos que traería la reforma, seis de cada 10 familias quedarían descalificadas para los planes de vivienda social, por no contar con los recursos necesarios para solventar estos aumentos.
Los promotores de viviendas indicaron que todos estos factores, en conjunto con la adición de impuestos al alquiler de renta corta, provocarán un desplome de la demanda de viviendas, disminuyendo las ventas en 56%.
Esto motivaría, agregaron, una reducción de RD$77,000 millones de la inversión en nuevos proyectos, provocando impactos negativos al producto interno bruto (PIB) y la reducción de más de 115,000 empleos.
“A esta situación se agrega que los precios de los alquileres subirían debido a una reducción de la oferta de viviendas para estos fines”, precisaron.