Huelga afirmar que la reforma policial era una tarea urgente y perentoria. Las demandas del desarrollo dominicano son ahora incompatibles con una actuación policial al margen de la ley, ineficaz por corrupta, proclive a la violencia y servil del momentáneo poder partidario; rémoras que impiden garantizar un orden público expedito, como condición fundamental de vida social instituida en nuestra comunidad jurídica.

La reforma policial es comparable, en cuanto al fondo y la forma, a la legítima aspiración del Ministerio Público independiente que lucha contra la corrupción y la impunidad, pues ambas políticas –la reforma y el MP- emanan de la voluntad del gobernante, repercuten en el conjunto social, mientras sus órganos y normas éticas se construyen en el presente gobierno de cara al futuro.

La Constitución establece, artículo 128, que el Presidente “es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado”, y el inciso “E” le ordena “disponer, con arreglo a la ley, cuanto concierna a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, mandarla por sí mismo, o a través del ministerio correspondiente, conservando siempre su mando supremo”. Pero, ¿por qué Abinader se enzarzó en la Reforma Policial, mientras los presidentes anteriores nada hicieron al respecto? Al parecer, todos desde Balaguer hasta Medina, impulsaron el lamentable deterioro físico y moral de la institución del orden.

La respuesta la dijo Servio Tulio Castaños Guzmán, abogado y coordinador de la comisión reformadora, durante una comparecencia en la sede del Gobierno, presidida por Abinader: “La única forma de que real y efectivamente se reforme esa institución, es si el Presidente de la República lidera el proceso, y eso es lo que usted está haciendo. La gente no entiende eso. No es posible reformar una institución de hombres armados, sino se involucra el presidente de la República. Solamente un presidente de la República puede reformar y transformar la Policía Nacional”.

Y enumeró las deficiencias, desde actuaciones ilegales, la aprobación en 2016 de su Ley General, pero sin reglamentos de aplicación, ni el básico sobre el uso de la fuerza, o el Código de Ética; en 85 años de fundada la PN, nunca fue auditada por la Cámara de Cuentas.

Conclusión: los gobernantes anteriores prefirieron una Policía Nacional corrupta, violenta y de espaldas a la ley, la moral y las buenas prácticas policiales.

Pero la reforma no será radical, sino la transformación gradual de un viejo sistema.