El primer desafío del esfuerzo tendente a desarrollar un proceso de reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo consiste en convencer a sectores fundamentales del país sobre el rezago institucional que padecemos. De ahí, más allá de la visión e interpretación que se asuma, es innegable el carácter renovador en ámbitos constitucionales, fiscal, laboral, de la seguridad social y otros aspectos.

La tragedia institucional nuestra expresa un modelo con bastante resistencia a cambios y reformas, históricamente impulsado por crisis en múltiples circunstancias que provocan ajustes y adecuaciones. Y ha sido la clase política que, con un sentido de administrar para su beneficio los procesos, sigue generando escaso entusiasmo en amplios núcleos ciudadanos.

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Al pliego de reformas que inician el 16 de agosto debemos acompañarlas de un amplio proceso de discusión y tolerancia frente al disenso, para cerrar de una vez y para siempre la idea de que mayoría electoral es sinónimo de licencias en la imposición de los criterios oficiales.

La mayoría del PRM posee el sentido de conciencia para no calcar los errores de un PLD que, en tiempos de poder, se imponían mecánicamente al resto de los actores partidarios.

Lo pertinente reside en ampliar el marco de los debates, y una vez, construida la suficiente información al respecto, se estructure la idea de que es una reforma de todos y para todos.

Y es que la dosis de disensos entendibles podría ser transformado en incomprensiones caracterizadas por el afán político coyuntural y/o un marcado interés en generar ventajas partidarias como resultado del nivel de repelencia producido en segmentos específicos por las reformas a ejecutar.

En definitiva, a la sociedad le viene bien un amplio proceso de reformas estructurales. Sin las tradicionales apuestas políticas, el interés de reducir el histórico déficit, clausurar las tendencias de seguir financiando las distorsiones del sector eléctrico, contextualizando los riesgos niveles de evasión e impulsando modalidades que cierren el trágico peso del pago de los intereses de la deuda y repensando las exenciones fiscales, características de una visión de reformas para el país del siglo 21.

Finalmente, en la nación existe el sentido de observación ciudadana en capacidad de distinguir, impugnaciones válidas con vocación de obstrucción. Las reformas inician, ojalá la comprensión de todos los actores envíe una señal de civilización y apuesta por la nación que anhelamos y no tenemos.