Siete procedimientos especiales, practicados por relatores de Naciones Unidas, expresaron su máxima preocupación por los impactos adversos en los derechos humanos de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC).

El pronunciamiento se produce luego de una intensa campaña de denuncia y exigencia al Estado de República Dominicana de medidas urgentes para la mitigación, prevención y reparación de los daños, promovida por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA).

Las relatorías especiales sobre los derechos a la alimentación, al medio ambiente, a la salud, la extrema pobreza y los derechos humanos, sustancias tóxicas y al agua potable, así como el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, llamaron la atención al Estado dominicano respecto al funcionamiento de la CTPC y su afectación a los derechos a la salud, el acceso a agua potable y alimentación adecuada y el disfrute de un medio ambiente limpio.

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Los expertos de ONU expresaron su máxima preocupación por la ausencia de medidas de mitigación de los riesgos de la CTPC, la gestión inadecuada de sus residuos tóxicos y peligrosos, al igual que la falta de evaluación oficial de sus impactos en la salud, la disponibilidad de agua y el agotamiento de recursos alimentarios de las comunidades.

Instaron a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias para la protección de los derechos de las poblaciones afectadas, especialmente de niños y niñas. También solicitaron al Estado que proporcionara información sobre las medidas que ha adoptado para evaluar los efectos de las emisiones aéreas y residuos tóxicos de la CTPC en la salud de las personas, así como en la calidad del aire, agua, suelo y subsuelo. De igual modo, asegurar la gestión sostenible y ecológica de los residuos, garantizar la reparación integral y efectiva de las comunidades y asegurar que la CTPC, como empresa pública, respete los derechos humanos, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Igualmente requirieron al Estado que informara si estaba considerando cerrar la CTPC y describiera los planes adoptados para promover la transición energética de combustibles fósiles a energías sostenibles, asequibles, seguras y no contaminantes.

El informe recomienda el cierre definitivo de la CTPC para 2028, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de RD al cambio climático, y el rol central de combustibles fósiles como el carbón en la aceleración y profundización de este fenómeno.

Esta comunicación se acompañó de una carta dirigida a la EGEPC, en la que pidieron que proporcionara información sobre diligencia en materia de derechos humanos adoptados por la empresa para identificar, prevenir, mitigar y reparar los daños causados por sus actividades.