El Partido Republicano apoyó públicamente de manera rápida y contundente a Donald Trump horas después de que agentes federales incautaron documentos clasificados de su finca en Florida el verano pasado.

Cuatro meses más tarde, esa sensación de intensidad y urgencia es inexistente —al menos por ahora— después de que la Comisión de la Cámara de Representantes encargada de investigar la violenta insurrección en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 votó para recomendar que el Departamento de Justicia presente cargos penales en su contra. Los principales líderes republicanos esquivaron en gran medida la histórica recomendación del lunes, mientras que algunos de los que fueron presionados para pronunciarse ofrecieron defensas apagadas o ninguna en absoluto.

El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, pidió “una explicación inmediata y exhaustiva” después de que el FBI ejecutara la orden de registro de agosto en Mar-a-Lago. El lunes, dijo a los periodistas que él sólo tenía una “observación inmediata” sobre la presentación de cargos penales: “Toda la nación sabe quién fue el responsable ese día”. El senador republicano Josh Hawley, que pidió la dimisión del secretario de Justicia Merrick Garland tras el registro, guardó silencio sobre la petición de la comisión y se centró en supuestos errores del FBI.

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El gobernador de Maryland, Larry Hogan, un crítico de Trump quien insinuó que el expresidente probablemente se benefició —políticamente, por lo menos— por la búsqueda realizada por el FBI de su finca de Florida en el verano, opinó que Trump fue al menos parcialmente responsable del mortífero asalto al Capitolio.

“Nadie está por encima de la ley”, declaró Hogan a The Associated Press poco antes de la votación del panel.

Las respuestas divergentes son un indicio de lo rápido que ha cambiado el panorama político para Trump mientras enfrenta una nueva amenaza judicial, apenas un mes después de que anunció su tercera campaña para la Casa Blanca.

Es un cambio marcado para un partido que ha sido definido, sobre todo, por su lealtad incondicional a Trump bajo absolutamente todas las circunstancias durante los últimos seis años.

La audiencia del lunes de la comisión del 6 de enero, compuesta por siete demócratas y dos republicanos críticos de Trump, probablemente marca el último intento del Congreso de hacer rendir cuentas al expresidente por el ataque de cientos de sus partidarios contra el Capitolio mientras las autoridades estaban por certificar la victoria electoral de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

La recomendación de cargos penales, que no es vinculante, culminó una investigación de un año que incluyó más de 1.000 testigos, 10 audiencias públicas televisadas y más de un millón de documentos.

El panel, que el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, boicoteó y tachó como una “farsa de proceso”, se disolverá formalmente el 3 de enero a medida que los republicanos asumen la mayoría de la cámara baja.

Siempre desafiante, Trump aseguró que la recomendación terminaría por ayudarlo.

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“Estas personas no entienden que cuando vienen por mí, las personas que aman la libertad se unen a mi alrededor. Esto me fortalece. Lo que no me mata me hace más fuerte”, escribió Trump en un comunicado publicado en su red social, donde condenó la recomendación como “un intento partidista de hacerme a un lado a mí y al Partido Republicano”.

La votación de esta semana se produjo apenas un mes después de que Trump lanzó formalmente su campaña para la Casa Blanca en 2024. Él había esperado que su condición de candidato anunciado pudiera darles una nueva ventaja en sus muchos enredos judiciales mientras esquiva a posibles retadores republicanos en las elecciones primarias.

Tales esperanzas no se materializan aún. Las primeras encuestas indican que el expresidente de 76 años no tiene asegurado ganar la nominación de 2024 frente a unos rivales republicanos envalentonados que ya se preparan para contender contra él.

Ya debilitado, Trump también se prepara para la posible divulgación de sus declaraciones de impuestos, que ha tratado desde hace años por mantener fuera de la vista pública. El martes, la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes tenía previsto considerar la divulgación de seis años de impuestos de Trump, así como de personas relacionadas con sus negocios, aunque no quedó claro de momento cuándo podría estar disponible para el público algún documento.

No obstante, la mayor carga de Trump rumbo a las próximas elecciones presidenciales puede tener poco que ver con sus problemas con la justicia. Los republicanos están cada vez más intranquilos por su capacidad para ganar.

Las preocupaciones del Partido Republicano sobre el poder electoral de Trump se intensificaron después de las elecciones intermedias de noviembre, cuando los candidatos elegidos personalmente por Trump en varios comicios de alto perfil fueron derrotados. Los contratiempos siguieron a pérdidas republicanas más profundas en las dos elecciones nacionales anteriores bajo el liderazgo de Trump.

De hecho, las primeras semanas de la tercera campaña presidencial de Trump van tan mal que algunos aliados de Trump se preguntan en privado si toma en serio sus ambiciones para 2024.

Trump enfrentó exigencias republicanas de que se disculpara por su decisión el mes pasado de compartir una comida privada con el conocido supremacista blanco Nick Fuentes. Días después, Trump pidió la “eliminación” de partes de la Constitución relacionadas con su mentira de que las elecciones de 2020 fueron robadas. Días después, el candidato que él eligió para una contienda muy importante por un escaño por Georgia para el Senado, el exastro del fútbol americano Herschel Walker, perdió la segunda vuelta electoral.

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Trump no ha realizado ningún evento de campaña. La semana pasada, después de anticipar un “GRAN ANUNCIO”, develó una línea de tarjetas coleccionables digitales que lo muestran como un superhéroe.

Al mismo tiempo, aumentan los desafíos procesales para Trump.

El secretario de Justicia Merrick Garland designó el mes pasado a un asesor especial para que supervise la investigación del Departamento de Justicia sobre la presencia de documentos clasificados en la finca de Trump en Florida, así como aspectos clave en una pesquisa separada que involucra la insurrección y los esfuerzos para anular las elecciones de 2020. El fiscal de distrito del condado de Fulton, en Georgia, investiga por separado los intentos de anular los resultados electorales de 2020 de ese estado.

Es imposible predecir cuánto más durarán las investigaciones o si el Departamento de Justicia dará el paso sin precedentes de acusar penalmente a un expresidente y candidato actual. Sin embargo, Trump ya no está escudado de las acciones judiciales como cuando era presidente.

Además, su partido está cada vez menos dispuesto a respaldarlo.

El Comité Nacional Republicano anunció que dejaría de pagar algunos de los costos judiciales de Trump después de que él lanzó su campaña presidencial para 2024.

El exvicepresidente Mike Pence, un prospecto presidencial para 2024 y que condenó enérgicamente al FBI después de que incautó los documentos clasificados de la finca de Trump, ofreció críticas algo apagadas a la comisión del 6 de enero cuando tuvo la oportunidad.

“Como escribí en mi libro, las acciones y las palabras del presidente el 6 de enero fueron imprudentes, pero no creo que sea punible penalmente aceptar malos consejos de los abogados”, afirmó Pence a Fox News. “Con respecto a la decisión del Departamento de Justicia sobre presentar cargos en el futuro, espero que no presenten cargos contra el expresidente”, agregó.

El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, quien también sopesa buscar la Casa Blanca en 2024, reconoció el papel de Trump el 6 de enero, pero dijo que la recomendación de cargos penales “no es útil” para la investigación del Departamento de Justicia.

“Está claro que el expresidente Trump es responsable por lo que ocurrió el 6 de enero, pero es más probable que la rendición de cuentas provenga del pueblo estadounidense que está listo para que nuestro país deje atrás los eventos del 6 de enero”, tuiteó.

Hasta ahora, solo un puñado de miembros del Congreso han respaldado la precandidatura presidencial de Trump para 2024.

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Uno de ellos, la tercera representante republicana más importante en la Cámara de Representantes, Elise Stefanik, calificó a la comisión liderada por demócratas como “inconstitucional e ilegítima”. Consideró que Trump estaba bien posicionado rumbo a la contienda presidencial de 2024.

“Hasta ahora —él lo anunció hace apenas unas semanas— el único precandidato es Donald Trump y él está imponiéndose significativamente frente al resto”, afirmó Stefanik a The Associated Press el lunes. “Así que veremos lo que pasa, pero creo que él está en una posición muy fuerte”.