Ubi Rivas 
El doctor Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), ha resultado atropellado por una disposición rechazable de plano del Gobierno de Estados Unidos que preside Barack Obama de cancelar las visas personal y oficial, un doble insulto inmerecido a República Dominicana.
La odiosa y condenable disposición, gestada por el embajador estadounidense James Brewster tiene sus raíces podridas a consecuencias de la pretendida imposición, improcedente por intimidatoria y desbordante de los límites que regulan la injerencia hacia un país que se dice soberano e independiente, del magistrado Rosario Márquez primero oponerse a violentar la letra de la Ley 168-13 sobre naturalización, y luego de rechazar la pretensión del diplomático de incluir observadores de su país en las pasadas elecciones.
El doctor Rosario Márquez, con su doble actitud responsable, simplemente se circunscribió a honrar los preceptos contenidos en la Ley de Naturalización y la que estructura al organismo electoral, merecedor del reconocimiento, por su valiente postura en los dos casos, de la ciudadanía que como un todo, tenemos la obligación legal y moral de respaldar como una sola persona de diez millones de dominicanos al magistrado Roberto Rosario Márquez.
Estados Unidos retira las visas que concede a extranjeros por falsificar el dólar, tomar las armas en su contra, lavado de activos y ejercer el narcotráfico y el terrorismo, y esta variante de retirar visas a un funcionario de un país con el que sostiene vínculos a todos los niveles por honrar las leyes de ese país, amerita un repudio y una insoslayable explicación del Gobierno agresor al Gobierno agredido, y viceversa, algo que no se presume hará un Gobierno de la frágil dependencia del presidente Danilo Medina, que ha observado mutis, aunque sí el Senado ha requerido esa explicación.
