Roberto Santana resalta condiciones de recintos penitenciarios auditados

Roberto Santana resalta condiciones de recintos penitenciarios auditados

Edificación de la cárcel Las Parras.

Insiste pueden utilizar recintos penitenciarios en auditoría

Roberto Santana, asesor del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria, dijo este jueves que el Gobierno ha tenido que entregar a la Procuraduría General de la República (PGR) RD$300,000,000.00 para apoyar la remodelación de los edificios penitenciarios construidos por la gestión del exprocurador, Jean Alain Rodríguez, sometido a la justicia tras ser señalado como miembro de una red de estafa al Estado desvelada en la Operación Medusa.

Según Santana, para readecuar de acuerdo a las necesidades del sistema penitenciario nacional se deben intervenir al menos 35 edificios hasta el punto de su reconstrucción total. Al tiempo que recordó que estas edificaciones fueron valoradas por la pasada gestión en más de 6.9 mil millones de pesos.

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«Aparentemente, una parte de la gente del Caso Medusa está diciendo que ellos quieren que se habilite lo que ellos hicieron…lo que ustedes hicieron, una parte ha habido que derrumbarlo». dijo Santana en una entrevista realizada en el programa El Día de Telesistema, canal 11.

Reiteró que los recintos penitenciarios que se construyeron en la pasada gestión, y que se encuentran en la actualidad en procesos de auditoría para determinar si hubo o no irregularidades en el levantamiento de estas estructuras, pueden ser utilizados para resolver el problema de hacinamiento y violación de derechos humanos en las cárceles del país.

Santana agregó que no esta de acuerdo con que se mantengan cerrados los edificios que fueron entregados listos a las autoridades de la actual gestión hasta que se termine el proceso de auditoría al que fueron sometidos.

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Asimismo, llamó al gobierno a «Acelerar la marcha», al tiempo que sostuvo que el Gobierno central y la Procuraduría General de la República deben sentarse al resolver la inacción en el caso de los edificios que están listos pero siguen bajo el escrutinio de las auditorías para poder trasladar la población privada de libertad a un solo lugar.