No estaba en mis planes continuar con el tema de las falencias de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, que según Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de Finjus, fue creada para financiar al sistema político, hasta que leí el “desahogo” del titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, en su cuenta de twitter.

Con tono de impotencia, Camacho abogó porque el Estado cambie su política de hacer negocios, ya que mientras lo haga “con cualquiera”, con empresas sin ninguna experiencia, trayectoria o condiciones para suplir lo que ofertan, será muy difícil enfrentar la corrupción.

Y para que eso cambie, sostiene, hay que modificar esa ley, como lo evidencian los cinco casos de corrupción que se ventilan en la justicia con mas de una veintena de imputados que guardan prisión, precisamente, por haberse aprovechado de sus debilidades para hacerse ricos supliendo al Estado.

La advertencia de Finjus

Eso significa que además de fuente de financiamiento de nuestros políticos, que en esa y muchas otras materias han demostrado ser insaciables, es un instrumento al servicio de la corrupción; y algo hay que hacer, mas allá de las denuncias, para cerrarle esa puerta a los depredadores de la riqueza pública.

En su “desahogo” en twitter, Camacho lo dice mejor que un servidor: “Siempre he dicho que la lucha contra la corrupción necesita mas acciones que discursos. La transparencia, el respeto por la cosa pública, los fondos públicos, necesita de compromisos; y que para cambiar ese estado de cosas y avanzar en el proceso es necesario modificar la Ley de Compras y Contrataciones”.

El próximo 27 de febrero, según lo que reveló Servio Tulio Castaños, el presidente Luis Abinader depositará en el Congreso Nacional el proyecto de ley con el que pretende modificarla sustancialmente, una oportunidad magnífica para que los legisladores, tanto del gobierno como de la oposición, asuman también ese compromiso.