En un aparente grito de impotencia, el titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, abogó porque el Estado cambie su política de hacer negocios, afirmando que mientras lo haga “con cualquiera” será difícil enfrentar la corrupción con efectividad.

Con cinco casos de corrupción ya judicializados y una veintena de imputados bajo arresto, el procurador adjunto que es abogado, psicólogo y sociólogo, insistió en que el Estado no puede seguir siendo un espacio para hacer negocios y hacerse rico a costa de los intereses colectivos.

“El Estado tiene que implementar cambios en la forma de hacer negocios. Es difícil enfrentar la corrupción con efectividad mientras el Estados negocia con cualquiera, con “empresas” sin ninguna experiencia, trayectoria o condiciones para suplir lo que ofertan”, dijo Camacho en un desahogo por su cuenta de twitter.

Reiteró que la lucha contra la corrupción “necesita más acciones que discursos”, y que como nación se debe asumir el compromiso de cambiar este estado de cosas.

“Siempre he dicho que la lucha contra la corrupción necesita más acciones que discursos. La transparencia, el respeto por la cosa pública, por los fondos públicos necesita de compromisos; y que para cambiar ese estado de cosas y avanzar en el proceso es necesario modificar la Ley de Compras y Contrataciones”, enfatizó el funcionario judicial en twits sobre el tema.

Wilson Camacho dice mientras Gobierno siga utilizando “empresas” sin experiencia, será difícil enfrentar la corrupción.

La Victoria: Defensa Jean Alain dice es mayor legado de transformación

El Consejo de Defensa del ex Procurador Jean Alain Rodríguez, sostiene que la imputación a la que la PEPCA atribuye mayor peso, es la relativa al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, en específico la nueva cárcel de La Victoria.

Al hacerlo, realmente lo que se busca es minimizar el mayor legado de transformación al sistema penitenciario nacional, que fue iniciado por su cliente y ratificado por la actual Procuraduría General, con pagos adicionales de más de 220 millones no contemplados inicialmente.