El presidente Luis Abinader estimó en US$5,400 millones, el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) que demanda el sector eléctrico para alcanzar los siguientes objetivos.

Primero, profundizar la transformación en generación, transmisión y distribución; segundo, crear una reserva fría para 2027 y excedente que permita extender un cable submarino para vender electricidad a Puerto Rico y, tercero, alcanzar 30% de generación renovable para 2030.

Objetivos que están a nuestro alcance en los años mencionados. Tengo la seguridad de que inversores extranjeros solo esperan formen parte de la reforma del sector que prepara el Gobierno y que se convierta en ley, para comenzar a inyectar capitales al sector.

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Como aseguró el presidente Abinader en el seminario sobre Inversión en Infraestructura en América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Financial Times, tenemos un Gobierno pro empresas privadas, empleo, crecimiento e innovación, consciente de la estrecha vinculación que existe entre estabilidad política y libertad individual, que solo prosperan en un sistema democrático como el que tenemos.

La reforma del sector eléctrico es parte integral del paquete de reformas en marcha, que tienen como objetivo general y específico desregular y liberar mercados, mejorar la calidad de servicios públicos, fortalecer las instituciones e independizar el funcionamiento del Poder Judicial.

El tener un Gobierno pro empresas privadas, empleo, crecimiento e innovación, es lo que explica; uno, el ascendente flujo de Inversión Extranjera Directa que recibe el país cada año, que alcanzó US$4,389.9 millones, un 3.6% del PIB, en 2023; dos, que haya sido el mayor nivel desde 2010, cuando el Banco Central inició su cómputo.

Tres, que con el monto se pudiera financiara con holgura el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, ascendente a US$4,376.3 millones; y, cuatro, la mayor parte fuera nueva inversión y la restante reinversión de ganancias empresariales. Todos estos logros son termómetros de la confianza de los inversores extranjeros en la política fiscal y monetaria que aplican Gobierno y Banco Central.

Termino esta nota reiterando lo que sostiene el FMI en sus informes (por ejemplo, los del periodo 2021-2023), que es sostenible el déficit fiscal que crea el de la cuenta corriente, con el flujo de IED, que promedió US$4, 895,3 millones (2021-2023) y que con holgura se financio el déficit promedio anual de la cuenta corriente ascendente a US$ 4, 536,8 millones.

Capitales que, además, beneficiaron diferentes sectores de la economía: turismo recibió 27.5%, seguido muy de cerca, por energía con 24.2%, luego inmobiliario con 14.4%, comercio e industria 13.8%, financiero 11% y minero con 10.2%.

Por países, Estados Unidos lideró la inversión foránea en nuestro país con 36.7%, seguido con distancia considerable por España 10.7%, México 10.5% y Canadá 8.9%, reparto que muestra el peso de Estados Unidos como primer inversor, cuya economía es la primera del mundo, seguida de lejos por China, según ranking del FMI y del Banco Mundial.

Los inversores extranjeros saben muy bien, a lo que dan alta ponderación que, con prudentes medidas fiscales y monetarias, el Gobierno y el Banco Central tienen como principio evitar que familias y empresas privadas entren en bancarrota antes inesperados shocks externos.

La mejor prueba fue la actuación con motivo de la crisis del coronavirus, las medidas que se aplicaron evitaron quiebras, fuga de capitales y grandes depreciaciones, a diferencia de lo que sucedió en algunos países de la región.