Arismendy Díaz

El Seguro Familiar de Salud arroja un déficit de 575,200.9 millones de pesos, equivalente al 34.4%, debido a la ausencia de la atención primaria, de un verdadero Plan Básico de Salud (PBS) y a la vigencia de un modelo de atención excluyente, ineficiente y costoso.

Las Cuentas Nacionales del Banco Central indican que el gasto nacional en salud equivale al 6.2% del producto interno bruto (PIB). Se estima en 1,150.4 millones de pesos el gasto de bolsillo durante el período 2008-2021, el 41.8% del gasto nacional en salud.

Este alto porcentaje se ha mantenido invariable, desde el 2007 cuando se impusieron copagos generalizados a los servicios médicos.

Asumiendo que los copagos del Régimen Contributivo solo representan el 50% del total del gasto de bolsillo, un supuesto muy conservador, tenemos un acumulado de 575,200.9 millones. Este monto equivale al 34.4% del gasto total del Plan de Servicios de Salud (PDSS), como resume el Cuadro.

Dado que este 34.4% lo cubren solo los afiliados al momento de solicitar los servicios médicos, actualmente el aporte real de los trabajadores equivale al 54.1%, del costo real del PDSS, un gasto del 24.1% por encima del 30% que dispone la Ley 87-01.

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Aporte

El aporte por ley acumulado del 3.0% de los salarios a cargo de los trabajadores asciende a 329,310.4 millones. Pero a esa cantidad hay que agregarle unos 575,200.9 por copagos, elevando el gasto total de los trabajadores a 904,511.3 millones, el 54.1% del gasto total de 1,672,902.1 millones.

Se trata de una injusticia y de una distorsión social incalificable del objetivo central de la Ley de Seguridad Social, que es eliminar cualquier obstáculo al libre acceso al cuidado de la salud de todos. Esta situación empobrece a las familias más pobres y vulnerables, incluyendo a la clase media, lo que explica las crecientes quejas e insatisfacciones de la población.

El aporte total de los trabajadores, ascendente a 904,511.3 millones de pesos, ya supera la contribución acumulada de los empleadores, de 768,390.8 millones, empobreciendo más a las familias más vulnerables y de menores ingresos, lo cual confirma la distorsión social existente.

Este costo oneroso, que empobrece a la gente de a pie, se explica, fundamentalmente, por la ausencia de las reformas estructurales previstas en la ley, y por la Resolución del CNSS que autorizó la imposición de copagos ilegales del 20% a prácticamente todos los servicios médicos esenciales.

¿Cómo se puede hablar de “seguridad social digna”, silenciando este abuso mayúsculo contra la población que se dice defender? Solo en el 2021, el gasto total de bolsillo ascendió a 121,800 millones de pesos, de los cuales un mínimo de 65,900 millones corresponden a copagos ilegales cobrados, sin entregar una factura para evadir los impuestos.

Ante estas evidencias irrefutables, hasta un adolescente puede entender que es incoherente e insostenible la vigencia de un modelo de atención puramente curativo e ineficiente, con un costo tan alto para la población.

La reforma integral de la Ley de Seguridad Social debe eliminar o reducir gradualmente los copagos ilegales.