La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) resaltó ayer la importancia de la modificación del artículo 3 de la Ley número 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, aprobada por el Senado, y pidió aprovechar este espacio de diálogo y apertura otorgado por dicha ley, para que las acciones emprendidas por el Estado estén siempre revestidas de legalidad y razonabilidad,

Refirió que en el marco del deber ser del Estado es atribución esencial de las autoridades competentes el perseguir, capturar y castigar a quienes con sus actuaciones vulneren la estabilidad y desarrollo pleno del país.

Consideró que la atención debe centrarse en la penalización de todas las organizaciones criminales que se enriquecen con el tráfico ilegal de personas, coartando derechos y amenazando el disfrute de las libertades individuales.

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Abogó por un plan consistente de persecución y castigo de las redes clandestinas dedicadas a esta actividad, de la cual afirmó, “han hecho un negocio que representa una grave amenaza a los valores democráticos del país”.

“Desde FINJUS exhortamos a que las autoridades competentes refuercen sus mecanismos para mitigar este fenómeno e implementar medidas que frenen la acción impune de bandas organizadas dedicadas a la trata y tráfico de personas”, agregó la entidad de la sociedad civil en un documento de prensa.

Recientemente el Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que modifica el artículo 3 de la referida ley.

Para la FINJUS, la pieza legislativa representa un avance crucial para la institucionalidad dominicana en aras de otorgar protecciones reforzadas a las personas que son víctimas de comercio y tráfico humano.

“FINJUS celebra el conocimiento de esta normativa, donde se otorga especial atención al consentimiento de la víctima y la no exoneración de la pena, y el tratamiento especial a comunidades vulnerables como niños, niñas, adolescentes y personas discapacitadas”, subrayó.

Insta a los diputados

La FINJUS invitó a la Cámara de Diputados a conocer “en el menor plazo posible” el proyecto aprobado en la Cámara Alta, a los fines de que el mismo sea analizado y promulgado por el Poder Ejecutivo, “y de esta manera contribuyan al desarrollo y a la institucionalidad de la nación.

La entidad de la sociedad civil se refirió al tema a través de su vicepresidente ejecutivo y vocero, el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán.