El presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD), Celso Juan Marranzini, señaló ayer que es importante que la Dirección General de Impuestos Interno (DGII) continúe exponiendo con claridad los beneficios de la implementación de la factura electrónica, con tal de vencer la resistencia que todavía permanece en algunos sectores.

Consideró que la implementación de la factura electrónica, la cual modernizará el sistema tributario y permitirá que las empresas puedan tener mayor agilidad de intercambio de facturas, es un paso de avance para el país.

“Es un terreno en donde hay mucho por trabajar, este paso es un avance en la dirección correcta, que contribuirá a que las ventas de bienes producidos en el país sea más ágil que importar”, indicó.

Afirmó que uno de los beneficios desde el sector industrial es el de reducir trabas en los procesos de encadenamientos productivos de la industria con sectores exentos como zonas francas y turismo.

“Las transformaciones graduales en el mundo tributario deben llevar a que el contribuyente tenga más confianza y seguridad en los pasos a dar. La factura electrónica generará más confianza, así como más transparencia”, dijo.

Marranzini hizo un llamado a su aceptación y pidió a la DGII mantener siempre las puertas abiertas para información y también para sugerencias que pudiesen surgir en el proceso.

La facturación electrónica, de acuerdo a la Dirección General de Impuestos Interno, permitirá que a fin de mes las empresas, con una simple operación informática, puedan tener su reporte fiscal de ese mes.

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DGII propone crear el defensor del contribuyente

La modificación del Título I del Código Tributario dominicano propuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contempla la creación del Defensor del Contribuyente, que asesorará a las empresas y a las personas físicas cuando tengan que enfrentarse a reclamos de la entidad y evitará el cierre de pequeños negocios por su incapacidad para contratar a un consultor tributario.

Esta crearía la Oficina Nacional de Defensa de los Derechos del Contribuyente ante la DGII, que funcionará como las figuras Proconsumidor, Prousuario y Protecom, que defienden a los clientes de bienes y servicios, del sector financiero y eléctrico.