MADRID. Cuando aquel avión por fin despegó, Moisés Ramos rezó y agradeció dejar Venezuela atrás.

Media hora antes, el sudor le caía por frente y espalda mientras los agentes fronterizos del aeropuerto venezolano de Maiquetía registraban su maletín por enésima vez. Ocultos entre informes médicos viajaban los documentos con los que quiere probar cómo fue perseguido y amenazado por denunciar la corrupción en Isla Margarita, donde Ramos vivía.

“A gente como a mí, que hemos hecho pública nuestra oposición al gobierno y que estamos marcados como las reses, o te mandan preso o te matan unos malandros”, cuenta en una cafetería de Madrid dos semanas después de aquel vuelo.

Ramos y su pareja, Kahil Núñez, dicen que dejaron su país para huir de la persecución, pero tras desplazarse miles de kilómetros no se han encontrado con la seguridad esperada.

A partir de ahora, con los documentos que lograron sacar en ese maletín, tendrán que argumentar ante las autoridades españolas su caso, un proceso que puede llevar desde meses hasta varios años.

Su solicitud de asilo se suma a la de miles de compatriotas que, desde el recrudecimiento de la crisis política venezolana han contribuido a “desbordar” los servicios de acogida, según reconoce el propio gobierno español, que incumple los plazos de seis meses que dispone la ley para tramitar las solicitudes de asilo y refugio.

Según algunas organizaciones, el retraso en los procesos obedece a una estrategia del gobierno español para esperar a que los conflictos que fuerzan a los extranjeros a huir y pedir refugio se mitiguen o desaparezcan del todo en los países de origen.

Al menos una cuarta parte de los más de 20.000 expedientes de asilo sin resolver son ya de venezolanos, un colectivo para el que solo hubo seis resoluciones favorables durante el último lustro.

Para organizaciones sociales y activistas, esta falta de respuesta se contradice a la actitud crítica que España ha mantenido con respecto al gobierno de Caracas. Las condenas han venido encabezadas por el conservador Mariano Rajoy y su gabinete, pero también por buena parte de la oposición.