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Los militares retirados Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas, Luis Francisco Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas. AP .
GUATEMALA.— Cinco militares retirados del Ejército irán a juicio por la desaparición forzada de un niño de 14 años y la violación de su hermana, de 21, durante la guerra en Guatemala.
Los militares retirados Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas, Luis Francisco Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas serán procesados por la desaparición del menor, quien fue secuestrado en 1981 y nunca más se supo de él.
Los militares también son acusados de la violación de su hermana, que sobrevivió y cuya familia ha reclamado el caso de manera pública.
El juez Víctor Hugo Herrera resolvió el jueves que los militares enfrenten juicio para determinar su responsabilidad en delitos de desaparición forzosa, violación y delitos contra los deberes de humanidad. Zaldaña Rojas, entonces oficial de inteligencia, dijo ante el juez que las acusaciones en su contra eran falsas, «esto es una venganza de la izquierda».
Según la investigación, el 27 de septiembre de 1981, la chica fue detenida ilegalmente por miembros del Ejército en un retén de una carretera al occidente del país, desde donde fue llevaba a la zona militar Manuel Lisandro Barillas en el departamento de Quetzaltenango, ubicado en la misma región, donde habría sido torturada y violada, logrando escapar de su cautiverio ocho días después.
De acuerdo a la fiscalía, los militares acusados habrían formado parte de la cadena de mando que habría ordenado la ejecución de los crímenes.
Un día después de fugarse, militares vestidos de civiles llegaron a la casa de sus padres en la capital guatemalteca para detenerla, pero al no encontrarla se llevaron a su hermano, quien nunca reapareció.
Para el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), durante el conflicto armado en Guatemala entre 1960 y 1996 «los destacamentos y bases militares fueron utilizados como centros clandestinos de detención, en donde se torturaba y violaba sistemáticamente a las personas detenidas ilegalmente por el Ejército».
En la audiencia del jueves, la madre de las víctimas dijo que se sentía satisfecha por la decisión del juez, que ella quería justicia y que lo único que pedía era que le dijeran dónde estaban los restos de su hijo desaparecido. Erick de León, el fiscal a cargo, respondió que el organismo que preside espera probar en juicio la responsabilidad de los acusados.
En 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado guatemalteco por la desaparición del menor y la violación contra su hermana, ordenando entre otras cosas buscar y juzgar a los responsables.
Guatemala vivió una guerra de 36 años, entre la guerrilla izquierdista y el ejército que según Naciones Unidas dejó un saldo 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos.
