Rosario Espinal 
Una de las transformaciones sociales más importantes de fines del siglo XX y principios del XXI ha sido la mayor incorporación de las mujeres a la política.
La lucha ha sido larga y difícil, y persisten muchísimas desigualdades de género. Pero en años recientes hay mayor aceptación en la opinión pública mundial y dominicana de que las mujeres deben participar igual que los hombres en la política.
Este cambio de opinión, sin embargo, no se ha acompañado de mejoras significativas en la representación de las mujeres en los puestos públicos en muchos países, incluida la República Dominicana.
En las posiciones electivas, las mujeres siguen siendo pocas en la dirección de los partidos, en el Congreso, en los municipios; y también en la administración pública en puestos no electivos.
En la República Dominicana, en los años noventa, se hizo un gran esfuerzo para motivar un cambio de opinión sobre la importancia de la participación y representación política de las mujeres. También se modificó la legislación.
En 1997 se aprobó una nueva Ley Electoral que estableció la cuota femenina de candidaturas a diputaciones y regidurías en un 25%, y posteriormente se aumentó a 33%. Pero el posible efecto positivo de la cuota encontró un nuevo obstáculo en 2002: el voto preferencial, que aunque daba más opciones a los votantes, aniquiló la posibilidad de colocar algunas mujeres en las primeras posiciones de la boleta electoral para poder ser electas.
Cuando se creó la posición de vice-síndico en la pequeña reforma electoral del año 2000, la idea fue distribuir de manera más equitativa por género las posiciones de síndico y vice-síndico (ahora alcaldes y vice-alcaldes). Sin embargo, lo que ha ocurrido es que la casi totalidad de los nominados a alcaldes son hombres y las mujeres a vice.
Mejorar la representación de las mujeres en las posiciones electivas requiere un gran esfuerzo de los partidos políticos por apoyar candidaturas femeninas. De no existir el efecto combinado de cuotas femeninas y esa determinación partidaria de ayudar a impulsar la participación de las mujeres, es difícil lograr avances significativos.
El PLD, que ha obtenido la mayor representación electiva en la última década, se ha quedado muy corto con las mujeres.
En la alta administración pública, donde los presidentes tienen un amplio margen de acción para demostrar su compromiso (o no) con la integración de las mujeres al poder político, el PLD también se ha quedado muy corto. Leonel Fernández y Danilo Medina han nombrado poquísimas mujeres en los cargos ministeriales o en comisiones importantes.
Que quede claro, la representación política de las mujeres no es una cuestión de favoritismo ni de condescendencia con las mujeres. Es un derecho. Las mujeres han sido excluidas por largo tiempo debido a los prejuicios sociales que se fundamentan en erradas concepciones biológicas, religiosas y culturales, que han otorgado muchísimas ventajas a los hombres en distintas áreas de la actividad humana, incluida la política.
No hay garantías de que las mujeres desempeñarán las funciones públicas mejor que los hombres. Simplemente es injusto que por una discriminación histórica se mantenga a las mujeres en pleno siglo siglo XXI tan alejadas de las posiciones de poder político, donde se deciden tantos asuntos importantes que afectan a la mitad de la población.
Los dirigentes peledeístas parecen ignorar o no valorar que, desde el año 2004, las mujeres han votado en una proporción mayor que los hombres por los candidatos del PLD. Y ni siquiera así las toman en cuenta como deberían para ocupar cargos públicos importantes. Es una injusticia y una vergüenza. ¡Corrijan!
