Contra viento y marea el Senado de la República aprobó un Proyecto de Ley de Aduanas que ha sido abierta y reiteradamente rechazado por la propia entidad aduanera, tanto por vía de los medios de comunicación, en reuniones con los principales miembros de la Comisión Permanente de Industria, Comercio y Zonas Francas, y mediante comunicaciones formales entregadas al anterior Presidente del Senado. Con toda mesura y objetividad se han advertido las consecuencias adversas de esa aventura. De hecho, tras aquellos denodados esfuerzos, pensábamos que ese inútil Proyecto era cosa del pasado. Pero, de manera inexplicable, se ha impuesto en el Senado el propósito de desmembrar una entidad que ha venido cumpliendo, con altísimos niveles de satisfacción los compromisos recaudatorios, y mejorando los ámbitos de facilitación del comercio, como ninguna otra aduana de América Latina en los últimos años.

Al parecer, el Congreso dominicano se encamina a incurrir en el mismo error que cometió con la aprobación del tristemente famoso Contrato de Rayos X. Aquella vez, desoyendo también a la Aduana y a sectores nacionales sensatos, el Senado aprobó una oscura transacción que ahora es parte de un escándalo mayor que ha trascendido a esferas internacionales, incluidos el Departamento de Estado y el Congreso norteamericanos.

Podríamos recordar también que se trata del mismo error que se cometió con la aprobación de una ley para ampliar la cantidad de años a los vehículos usados importados.

Ese Proyecto de ley de Aduanas representa exactamente lo mismo, solo que con consecuencias visiblemente más graves. A todas luces, representa un atentado en contra de la estabilidad y seguridad económica del país, que coloca en serios peligros los grandes avances alcanzados hasta le fecha en el proceso de reforma y modernización de la aduana dominicana. Y hay que reaccionar a tiempo.

Cuando se aspira a cambiar cualquier ley, se esperaría que existan motivos que justifiquen el esfuerzo y que la sociedad saldría gananciosa. En el caso de las aduanas, cualquier iniciativa tendría que estar dirigida hacia cuatro grandes Ejes: 1. Facilitar el Comercio; 2) Garantizar el recaudo exacto de los tributos aplicables al comercio exterior; 3) La Seguridad de la Cadena Logística de Suministro y la lucha efectiva en contra de los ilícitos; 4) Fortalecimiento Institucional. Todo eso se ha ido consiguiendo y afianzando rápidamente en la República Dominicana, con la estructura actual. En ocasiones, lo que ha hecho falta ha sido carácter, gerencia, visión, y cumplimiento de la Ley.

Es una verdadera pena que se haya hecho caso omiso a las recomendaciones de parar un Proyecto que no resiste el más mínimo análisis técnico, y que no aporta absolutamente nada a lo que sería un verdadero paso de avance en el manejo del comercio transfronterizo del país.

Como se ha analizado en varias oportunidades, detrás de una supuesta necesidad de actualizar la ley actual, se esconde el despropósito de debilitar el aparato de persecución de los delitos aduaneros, y fragilizar la lucha en contra de los ilícitos asociados a la cadena logística de suministro. Se pretende crear un escenario de flexibilidades y garantías a favor de los infractores, más allá de las que existen. De hecho, los promotores de la iniciativa no esconden ese verdadero propósito.

Pero esto sucede en momentos en que el mundo llama a fortalecer el combate en contra del fraude, mientras la seguridad es sinónimo de competitividad. En definitiva, no es la eficiencia lo que anima este proyecto.

Es contradictoria la posición de algunos pocos actores que, mientras reclaman el fortalecimiento de la lucha en contra de la informalidad, del contrabando, de la falsificación, y de la evasión en general, entonces se quejan de que la DGA tiene demasiado “poder” para actuar en contra de esos males. El que tiene sus cosas claras frente al fisco, el que declara bien sus importaciones y paga religiosamente sus impuestos, no debería temer a las sanciones ciertamente disuasivas que contiene la Ley actual. Por el contrario, como he dicho en otros artículos y se ha explicado ampliamente, deberíamos todos sentirnos muy seguros en esta materia, por cuanto el país cuenta con instrumentos para garantizar la competencia sana, y para castigar ejemplarmente a quienes pretenden participar en el mercado sobre la base de incumplir con sus obligaciones.

Todos cuanto aspiramos a que la sociedad dominicana se encamine bajo un ambiente de seguridad jurídica tendríamos que tomar en cuenta que parte de esa seguridad es la estabilidad de sus órganos. Unas semanas atrás, tuve la oportunidad de expresar frente a un importante foro que el país no precisa de más leyes para castigar ciertas infracciones. Lo que se necesita es que se cumplan las que tenemos, y que el sistema de justicia funcione. De nada sirve que haya leyes que establezcan castigos, si no se aplican y los delincuentes se salen con la suya. Ahí es que está el problema, y los ejemplos sobran.

De modo que procurar y promover mayores “garantías legales” que las que existen para quienes cometen “errores involuntarios”, supuestas equivocaciones que, por cierto, nunca se dan a favor del Estado para pagar más impuestos sino menos, es afilar el cuchillo para su propia garganta, en un escenario en donde el 56% de los negocios se ubican en la informalidad, según las cifras del Banco Central.

Incurrir en el gran error de pretender disminuir el mal interpretado poder que tiene la DGA, equivale a poner en vilo las posibilidades de luchar con efectividad contra la informalidad y el fraude. Se ha visto que cuando la administración de aduanas se apega a lo que dice la Ley, el éxito recaudatorio está garantizado, y los ilícitos disminuyen considerablemente.

En algunas ocasiones, he tenido la oportunidad de conversar con uno que otro Director de aduanas de la región, y ha surgido el tema de la lucha en contra de los ilícitos asociados al comercio transfronterizo. Anhelan tener leyes como la 3489 y la 226-06. Pero aquí, parece que la tozudez se quiere imponer a rajatablas. El esfuerzo desplegado por Miguel Cocco para dotar al servicio de aduanas de una autonomía bien ganada, que ha dado frutos inconmensurables a favor del Estado, estaría a punto de zozobrar.

Con la estructura actual, y desde hace algunos años atrás, la DGA ha conseguido llevar a cabo una verdadera revolución transformadora, que se resume en el hecho de que ocupa ya el lugar 24 entre 189 aduanas del mundo que han sido evaluadas por el Banco Mundial, con un alto potencial para seguir mejorando con lo que se tiene actualmente. Es la segunda mejor aduana entre todas las de Latinoamérica. El año pasado, por ejemplo, superó con creces la meta recaudatoria fijada en la Ley de Presupuesto. Y por el lado de la lucha en contra del fraude, ha destruido más de 26 millones de unidades de cigarrillos, y unas 7,625 cajas de bebidas alcohólicas, en acciones sin precedentes en la historia de la aduana dominicana. Más aún, tiene listo para destruir otros 42 millones de unidades de cigarrillos. Y por el lado de la lucha en contra de la subvaluación, las clasificaciones arancelarias amañadas, la triangulación, entre otros fraudes, ha identificado más de RD$39,000 millones de pesos que se pretendieron evadir en los últimos 10 años, de los cuales ha recuperado un alto porcentaje.

Y no se queda ahí la cosa. La DGA ha logrado una extraordinaria integración regional, y la participación en órganos claves; así como un alto nivel de reconocimiento a nivel internacional. El acuerdo firmado hace dos semanas con la Aduana de Corea del Sur, la tercera mejor aduana del mundo, para el reconocimiento mutuo del Programa del Operador Económico Autorizado, indica claramente la confianza que se ha ganado la aduana dominicana y la fortaleza de sus instrumentos. Próximamente el país recibirá otra excelente noticia que impactará en el mejoramiento del Clima de Negocio.

No sería eso suficiente como para invitar a la reflexión a los honorables señores senadores?.

El comercio informal, el lavado de activos, los ilícitos asociados al Comercio Internacional, favorecen la competencia desleal y provocan quiebras de empresas y pérdidas de empleos formales. Y los efectos sobre las recaudaciones son devastadores. De hecho, eso es lo que ha ocurrido cuando las aduanas han sido mal manejadas, y cuando se ha visto debilitado su accionar.

Afortunadamente, como ha ocurrido con el cada vez más desacreditado Contrato de los Rayos X, la aduana ha sabido oponerse a este desfasado y desenfocado Proyecto de Ley. Como expresé recientemente a un amigo Senador, ojalá y se le haga caso esta vez a la aduana, y no se cometa el gran error de aprobarlo.

No podría invitar a la eficiencia operativa y funcional, un Proyecto de Ley con 438 artículos llenos de elementos que, de hecho, no podrían estar dentro de una Ley de aduanas moderna. Eso equivale a una verdadera locura en estos tiempos de simplificación, de integración, y de mejoramiento de los controles en base a manejo de riesgos y uso de la Tecnología de la Información. El Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, que se aprobó en Bali, Indonesia, en diciembre del año 2013, va en otra dirección.

Absurdos como el de otorgar cinco días para declarar las mercancías una vez llegan a puerto, contradice abiertamente los avances logrados en materia de despacho aduanal hasta la fecha. Desde el año 1953, cuando el comercio transitaba en “vapores” lentísimos, y no existía la internet, solo se fijaron 4 días.

Hoy, sin la necesidad de una ley que lo establezca, la DGA acepta las declaraciones y pagos anticipados, todo por la vía electrónica, fundamentada en las mejores prácticas internacionales, y en base a las recomendaciones que se incluyen en instrumentos tales como el Convenio de Kyoto Revisado, ratificado por nuestro país en el año 2012.

Por otro lado, el enorme equívoco de incluir en una ley orgánica de aduanas la exoneración de impuestos, confirma nuestro temor de que la iniciativa se aprovechará para todo. Una materia que debe reservarse dentro de la lógica de la política fiscal de un país, que es dinámica, se mezcla con asuntos tales. Me refiero a la inclusión de la liberación de impuestos a los envíos de hasta US$200 dólares, entre otros que se citan. Pero esa es una acción deliberada que revela, por si sola, algunos de los intereses que busca satisfacer el Proyecto. Aunque, por cierto, los señores senadores confirman, de esta manera, que no es cierto que exista exención alguna de impuestos para esos envíos. Y mientras los países del mundo se enfrentan a las exenciones que han convertido una parte de la industria del transporte en “tiendas virtuales”, que destruyen el comercio formal y minan los ingresos del Estado, aquí se pretende legitimarlas.

Cabría recordar el papel estelar jugado por la aduana dominicana, basado en el marco legal actual, en el caso de la Barrick Gold. No exagero si afirmo que gracias a las fortalezas de la Ley, el Estado Dominicano pudo colocarse en una posición más firme para llevar a cabo una mejor negociación a favor de la sociedad dominicana. Está claro, entonces, que esas posibilidades institucionales de garantía para la seguridad económica del país, no se deben poner en riesgo jamás.

Finalmente, cabría preguntarnos de dónde han surgido los intereses que pretenden resquebrajar la aduana. Aunque podrían estar a la vista, uno no sabe desde donde vienen los tiros.

No podría terminar sin señalar que también hemos advertido en otras oportunidades que si la República Dominicana necesitara de una nueva Ley de Aduanas, tendría que ser para crear un modelo de despacho integral, en el que una sola entidad, la aduana, maneje la cadena logística de suministro del país. Eso es lo que pudiera merecer un esfuerzo serio, para garantizar un salto cuantitativo y cualitativo en el manejo de la cadena logística de suministro. Pero habría que esperar por un espacio de sosiego, fuera de cualquier posibilidad de minar una estructura tan delicada como las aduanas, para definir una buena Ley. Creo que el momento actual no es propicio. El ambiente está cargado de la política, y ello podría crear el caldo de cultivo para que se ofrezca la Ley de Aduanas como un botín.

En definitiva, como se observa, el proyecto aprobado por el Senado de la República puede calificarse como una auténtica contrarreforma del aparato aduanero del país.

* El Ing. Gregorio Lora, es Asesor del Director General de Aduanas, y Subdirector de Tecnología y Comunicaciones. Fue Director Nacional del Proyecto de Reforma y Modernización de Aduanas por el PNUD, y Subdirector Operativo.