Dijo Abraham Lincoln que la mejor manera de derogar una mala ley es aplicándola estrictamente. La idea es perversa porque sugiere que para enmendar primero hay que herir, pero a veces no hay otro camino cuando la obstinación política predomina.

La Sentencia 168/13 es una mala disposición legal por razones jurídicas y por las implicaciones sociales. Las razones jurídicas han sido expuestas por varios abogados constitucionalistas y no voy a repetirlas aquí. Las implicaciones sociales son obvias. La Sentencia ilegaliza todos los descendientes de inmigrantes indocumentados por varias generaciones (la mayoría de origen haitiano) y crea constitucionalmente una casta de segunda clase.

La mayoría de los descendientes de haitianos en República Dominicana no tiene documentación. De unos 200 mil descendientes estimados en la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes 2012, sólo unos 24 mil tienen documentos legítimamente emitidos según declaró la Junta Central Electoral. O sea, la inmensa mayoría nunca ha reclamado documentos de ciudadanía dominicana. Pero la posibilidad de que lo hagan ha atormentado a los propulsores de la Sentencia 168/13.

Antes de que la Suprema Corte de Justicia en 2005 equiparara a los descendientes de inmigrantes indocumentados con personas en tránsito, existía la posibilidad de que algún día esos descendientes nacidos y criados en República Dominicana solicitaran sus papeles de nacionalidad. Ya no es posible.

El problema humano que crea la Sentencia no se resuelve sin modificarla. Por eso es irrisorio cuando algún funcionario dice que hay que acatar la Sentencia pero están buscando solución al problema. La Sentencia se acata o se modifica. No hay intermedios.

Lo aconsejable jurídica y humanamente sería modificar los términos de la Sentencia vía una ley que emane del Congreso Dominicano. Pero los sectores que han pasado años por lograr el objetivo de privar la población de ascendencia haitiana de derechos difícilmente lo permitirán, y esto incluye líderes encumbrados del PLD y sectores aliados. Unos por cálculos electorales y otros por patrioterismo xenófobo.

La idea de una Ley de Naturalización es un sin sentido. Si el Gobierno dominicano quisiera que los descendientes de indocumentados fueran dominicanos, la Sentencia 168/13 no se hubiese emitido, porque la Sentencia los desnacionaliza.

Si la Sentencia 168/13 se aplica, se concretarán los problemas que emanan de ella.

Primero, quienes tienen documentos legales los perderán cuando intenten renovarlos. Eso constituirá una violación de derechos humanos y generará mucho resentimiento social entre los descendientes de inmigrantes.

Segundo, quienes no tienen documentos no irán a solicitarlos y esa masa de indocumentados seguirá creciendo en la extrema pobreza para beneficio del capitalismo híper-explotador dominicano que ampara la extensa migración indocumentada haitiana, patrocinada o permitida por los gobiernos dominicanos.

Tercero, las sanciones internacionales contra República Dominicana por violación a derechos humanos continuarán, pero eso no importará a los propulsores de la Sentencia, porque les servirá para enarbolar su nacionalismo.

Cuarto, eventualmente algunos sectores internacionales podrían boicotear la economía dominicana, y el turismo es particularmente vulnerable, pero siempre aparecerán turistas a quienes este tema no les importa.

Si se acata, la Sentencia 168/13 hará la explotación laboral dominicana más cruda y la enmarcará en un sistema fundamentado en la discriminación y la segregación constitucional.

La República Dominicana tiene que establecer controles estrictos de frontera pero el Gobierno no ha querido hacerlo. No debe prevalecer un sistema económico con alta dependencia de mano de obra barata, pero sigue prevaleciendo. El Gobierno dominicano tiene que aplicar las leyes laborales que limitan el número de trabajadores extranjeros por empresa pero no lo hace. En el país no debe seguir aumentando la población indocumentada, pero la Sentencia 168/13 la aumenta.