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Punta Catalina
La contaminación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) cubre gran parte del territorio del país, a todo Haití y alcanza la costa este de Cuba y de Jamaica, revela el informe final del estudio sobre la contaminación de esta central que por medio año se estuvo realizando en la provincia Peravia.
Este estudio se dio a conocer en la mañana de hoy, en un acto en que también fueron reconocidos monseñor Víctor Masalles, obispo de la diócesis de Baní, Leónidas Díaz, Don Yiyo, presidente de la Ayuntamiento de Baní, del 2020 a 2022, el Hospital Municipal de Nizao y Radio Salvación Internacional, 810 AM, por sus aportes a la investigación.
Esta contaminación consiste en la emisión de micropartículas 2.5 micras, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, así como de cenizas volantes de carbón, ácido y mercurio, sustancias tóxicas que afectan a la salud humana, según afirma el estudio.
La investigación, con el apoyo del Centro de Investigación sobre la Energía y la Calidad del Aire, CREA, de Finlandia, determinó a través de la aplicación de un sistema de modelización, las enfermedades que esta contaminación está produciendo, cuántas personas están siendo afectadas, la cantidad de muertes prematuras, los días perdidos por estas enfermedades y por la invalidez que provocarán, y finalmente el costo en la economía.
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El estudio proyecta en el peor escenario de esta contaminación que en la provincia Peravia, donde están localizadas las plantas de carbón de Punta Catalina, se producirán cinco muertes prematuras al año, 510 días de baja por enfermedad, 108 años de vida perdidos y cinco años de vida vividos con discapacidades.
Mientras en la República Dominicana, según esta proyección, se producirán 57 muertes prematuras al año, 2,473 muertes prematuras durante los 30 años de vida útil de la central; 13,896 días de baja por enfermedad que para el año 2051 serán 530,341 días; 1,325 años de vida perdidos que al 2051 sumarán 57,311, y 125 años de vida vividos con discapacidades que alcanzarán 5,399 años en total para el 2051.
El estudio establece que en Haití los impactos son aún mayores, debido a la contaminación transfronteriza provocada por la dirección del viento, la orografía y las condiciones climáticas del país.
En el vecino país ocurrirán 127 muertes prematuras anuales, 41,655 días de baja por enfermedad, 3,434 años de vida perdidos, y 418 años vividos con discapacidades.
El informe asegura que la exactitud de estos números es de 95%.
Identificó como causa de las muertes prematuras, a la diabetes, cardiopatía isquémica, cáncer de pulmón, infecciones de las vías respiratorias inferiores y otras enfermedades no transmisibles. También citó como efecto de la contaminación una gran incidencia de asma en niños, de nacimientos prematuros y nacimientos con bajo peso.
Los costos económicos de esta contaminación al año en el país será 30.1 millones de dólares y en los 30 años de vida útil de Punta Catalina será de 1,230 millones de dólares. En Haití tendrá un costo económico de 22.8 millones de dólares anuales.
El estudio lo ordenó el Presidente
El origen del estudio fue el encuentro que se produjo el 3 de agosto del año pasado en el Palacio Nacional entre el presidente de la República, Luís Abinader, quien recibió, acompañado del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, a representantes de la provincia Peravia, del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.
En esa ocasión el presidente de la República ordenó al ministro Jorge Mera que realizara un estudio sobre la contaminación de Punta Catalina, junto con los sectores de la provincia Peravia y organizaciones presentes en la reunión, en 60 días, con la finalidad de tomar una decisión definitiva sobre estas plantas de carbón.
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Al poco tiempo de iniciado los trabajos, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, abandonó el estudio sin ofrecer ninguna explicación, pero diferentes sectores de la provincia, con el apoyo de un equipo interdisciplinario de expertos voluntarios, de INSAPROMA y del CNLCC, con la asesoría y la colaboración de instituciones académicas y científicas de los EUA, España, Italia y Finlandia, continuaron la investigación hasta terminarla.
Las comunidades de Nizao, Don Gregorio, Santana, Catalina, Pizarrete, Carretón y Paya se integraron en equipos de trabajo que investigaron las emisiones aéreas de gases y de micropartículas de Punta Catalina; las cenizas de carbón y sus impactos en el aire, suelo y aguas superficiales y subterráneas; los impactos de esta central en los cultivos, en la salud y, finalmente, en el litoral costero marino.
El grupo de expertos estuvo integrado por el ingeniero electromecánico Raúl Cabrera, el químico especialista en calidad de aire, Nikko Médici, el químico Marcos Rodríguez, el agrónomo Milton Martínez, los epidemiólogos Adelaida Oreste y Carlos Sánchez, y el químico y doctor en costas, Adrián Gutiérrez. La mayoría de estos expertos son docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD.
El estudio recibió apoyo de la Junta Municipal Electoral de Nizao que suministró copia de las actas de defunción desde 2016 hasta 2021, y del Hospital de Nizao que contribuyó con información, data y con el análisis de los resultados de los grupos focales y de las estadísticas de salud.
La Universidad de Duke, Durham, Carolina del Norte, EUA, Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, de Oregón, EUA, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, IIDMA, de Madrid, España, Re:COMMON de Roma, Italia, y el Centro de Investigación sobre Energía y Calidad de Aire, CREA, de Helsinki, Finlandia, asesoraron, tomaron parte activa de la investigación y colaboraron con los análisis de laboratorios. También el laboratorio de la Facultad de Ciencias de la UASD y el laboratorio privado GeSA colaboraron con la investigación.
Un error que jamás debió haberse cometido
El estudio concluyó que la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, CTPC, para que operara a carbón mineral fue un grave error que está dañando el medio ambiente, la salud y los sistemas productivos, infligiendo grandes sufrimientos a la población, especialmente de la provincia Peravia.
Este error está retrasando la adopción de energías limpias y renovables, y por tanto el desarrollo sostenible de la República Dominicana y el combate al cambio climático que amenaza la supervivencia del país y de todo el planeta, en opinión del estudio.
Advierte sobre el gran riesgo que existe de que las inmensas montañas de cenizas tóxicas contaminen, además del aire y el suelo, el acuífero de Valdesia, que es una de las mayores reservas de agua de la isla.
El estudio comprobó que los cultivos en las cercanías de la central y de las montañas de cenizas tóxicas están siendo afectados, especialmente los más sensibles como el de la lechosa (papaya), de melón y de tomates.
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Por la gran cantidad de cal que contienen los residuos de Punta Catalina arrojados a la intemperie también pueden alterar el pH de los suelos, reduciendo la productividad de estos terrenos.
El estudio estableció sin ningún margen de dudas, que la construcción del largo espigón del puerto carbonero de Punta Catalina es el responsable de que la marea y las corrientes marinas hicieran desaparecer la playa de Sabana Uvero de Paya.
También Punta Catalina es responsable de la desaparición de la vida marina al oeste de este espigón como consecuencia de la sedimentación del fondo del mar con los escombros del embarcadero construido y posteriormente destruido, de las virutas de carbón caídas de los barcos que transportan este fósil al país, y por el vertido de agua caliente al mar a poca distancia de la costa.
Se hizo tarde para cambiar a Punta Catalina a gas natural
El informe final del estudio recomienda el cierre de Punta Catalina por los grandes daños que produce a la provincia Peravia, a gran parte del territorio nacional y a todo Haití.
Descarta la conversión a gas natural de Punta Catalina, porque este combustible es tan caro o más que el carbón, e igualmente muy difícil de obtener en el mercado internacional.
Explica que como consecuencia de la guerra energética que ha desencadenado el conflicto entre Rusia y Ucrania, CTPC se ha transformado en un activo varado que no puede continuar operando a carbón ni tampoco a gas natural, por razones ambientales, de costos y de suministro.
Intentar continuar operando a Punta Catalina con estos combustibles, en caso de que el país consiguiera su suministro, representaría una gran pérdida económica frente a las energías renovables que son cada vez más baratas, aclara el estudio.
Recomendó al Gobierno que en un plazo de 18 meses sin prórroga cierre a la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), y durante este período reemplace, todo o una gran parte, los 752 megavatios generados por estas plantas de carbón, por energías renovables bajo diferentes fuentes y modalidades.
Sugiere que se revisen las normas y los estándares del país que regulan las emisiones de gases y de micropartículas para actualizarlos en relación a las disposiciones adoptadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, con la finalidad de que la normativa proteja de manera efectiva la salud de la población.
Igualmente plantea el traslado fuera del país de las cenizas tóxicas depositadas en el batey San José y de las demás que continúen produciendo las plantas de carbón de Punta Catalina.
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El informe final del estudio sostiene que el Gobierno y la Central Termoeléctrica Punta Catalina, CTPC, deben remediar, hasta donde sea posible, los daños causados por estas plantas de carbón, e indemnizar a las personas afectadas, así como llevar ante la justicia a los responsables de haber causado estos daños.
