Pocas cosas en este país irritan tanto como los apagones, sobre todo si usted paga religiosamente la energía que consume, y es por eso que son un excelente caldo de cultivo para las protestas violentas, que en sociedades donde la desigualdad es tan marcada como la nuestra siempre es posible que se salgan de su cauce natural y degeneren en conmociones mayores. Y eso lo saben los gobiernos, por lo que la presente administración es consciente de lo que se expone con la programada tanda de apagones con la que está castigando (no hay otra forma de decirlo) a residentes en el Gran Santo Domingo, incluidos los circuitos 24 horas, que disfrutan del “privilegio” de recibir toda la energía que pagan.

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Empresarios y comerciantes, por supuesto, están al grito, pues las interrupciones del servicio, que se prolongan hasta por cuatro horas, se traducen en pérdidas económicas. Ayer la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco y el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo alertaron sobre los peligros a los que se exponen los ciudadanos cuando tienen que ir de noche o de madrugada a hospitales como el Moscoso Puello por culpa de los apagones, los mejores aliados de los delincuentes.

Es por eso que sus dirigentes exigen un eficiente suministro de energía eléctrica, que consideran indispensable para promover el desarrollo en salud, educación y la prevención de conflictos sociales, principal causa de muertes violentas en el país. Lo que probablemente no ignora el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marranzini, quien el pasado 10 de enero anunció suspensiones en el servicio como parte del Programa de Control de Abastecimiento que ejecuta. Dicen que no se trata de los apagones financieros que dieron tanta agua a beber, pero su efecto en el comercio y la industria es el mismo, y la irritación que provocan en la población también. Y si así es como están las cosas, ¿a quién le importan las diferencias?