Casa Abierta se quejó ayer de la disminución del apoyo que ofrece el Gobierno, por mandato de la Ley 155-17, a las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL) que trabajan en la prevención y tratamiento de las adicciones, lo que según su presidente, el psicólogo Juan Radhamés de la Rosa, volvió a ponerse de manifiesto con los recursos que entregó la procuradora General de la República, Miriam Germán, al Ministerio de Hacienda.

En un documento de prensa la organización señala que la entrega de esos recursos, que ascienden a más de 108 mil millones de pesos, en propiedades, joyas y dinero en efectivo, es una decisión violatoria a las disposiciones de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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Agregó que es también una evidencia de que en nuestro país la aplicación de las leyes está supeditado a la discreción de las personas que tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las mismas.

“Por muchos años las organizaciones sociales que trabajamos en la reducción de la demanda de drogas, hemos estado insistiendo ante las autoridades sobre el cumplimiento del artículo 33 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que especializaba el 15 % de los recursos que esta ley genera para estas organizaciones. Las respuestas siempre fueron: no hay disponibilidad”, indica el documento.

Según el director de Casa Abierta la decisión evidencia el desconocimiento de la importancia de estas organizaciones para la sociedad dominicana. “La entrega se hace con el argumento de dar cumplimiento a la nueva Ley 60-23, para administración de bienes secuestrados, incautados, y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio”, se quejó De la Rosa Hidalgo.