El expediente acusatorio que presentó el Ministerio Público contra el ex procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, contiene un interrogatorio que realizó la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), a la actual fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, sobre la compra de un inmueble que presuntamente sería utilizado para parqueos pero que no tenía las cualidades para ese propósito.

Según el Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez, solicitó a la fiscal que le pidiera la compra de un inmueble que serviría como parqueo de los empleados y en una comunicación con fecha del 19 de marzo de 2019, «La Fiscalía indica que tiene un inmueble ubicado para estos fines entre las calles Las Carreras y Bernardo Pichardo, en el sector de Gazcue, Distrito Nacional».

“La solicitud antes señalada, adolece del número de oficio de protocolo de la Secretaría General de la Fiscalía del Distrito Nacional, por lo que no se puede solicitar certificación en los libros que permita establecer que esa fue la fecha de confección y remisión del documento, saliendo esto de todos los protocolos utilizados en las Fiscalías y, verificándose con ello una irregularidad en dicha comunicación”, indica la acusación.

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El Ministerio Público señala que la Procuraduría General de la República adquirió el inmueble por la suma RD$ 19,000,000,00, representando un aumento en el costo, de RD$12,000,000.00.

“Lo que equivale a una plusvalía de un 271%, situación imposible partiendo de que, en el corto tiempo comprendido entre la primera y la última venta, no se suscitó nada particular que generara dicho incremento irregular, ya que en el sector inmobiliario se estima que las propiedades aumentan aproximadamente, como máximo, un 15% anualmente, en el sector urbano”, dice.

Para lograr la desviación de fondos, de acuerdo con el Ministerio Público, el 17 de marzo de 2020 en el marco de la novena sesión del Consejo Superior del Ministerio Público, presidida por Jean Alain Rodríguez Sánchez, se emitió la Tercera Resolución, en la que se autorizó al acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert a representar a la Procuraduría en la compra del inmueble en cuestión, “queriendo justificar la erogación de fondos con la Tercera Resolución dictada en la décima cuarta sesión del Consejo Superior del Ministerio Público, celebrada el tres (3) de agosto del año dos mil veinte (2020), situación no creíble partiendo de que la compra cuestionada es del 20 de abril del año dos mil veinte (2020) y la resolución es del mes de agosto del año dos mil veinte (2020)”.