Ninoska Cuevas 
La procuradora fiscal Sourelly Jáquez, afirmó que Emmanuel Rivera Ledesma, acusado de encabezar una supuesta red de estafadores inmobiliarios que fue desmantelada bajo el nombre de Operación Nido, no puede pagar a las 300 víctimas porque gran parte del dinero lo gastó en lujos y restaurantes.
«Todos los estafadores, si ustedes hacen un recorrido con Mantequilla y Jairon, todos dicen: Preso yo no puedo resolver. Él no puede resolver nada, porque se gastó gran parte de ese dinero en lujos, casas de 1.2 millones de dólares y restaurantes«, sostuvo la magistrada, y destacó que cuando Rivera Ledesma comenzó la presunta estafa, vivía alquilado.
«¿Cómo va a devolver ese dinero? Él no tiene forma de cómo devolver, pero obviamente todos los estafadores siempre dicen lo mismo», agregó Jáquez.
Indicó además que Rivera Ledesma vendió terrenos que les pertenecían a terceros.
«Hubo un imputado que también colaboró, admitió los hechos y habló sobre la sobrevaluación de los proyectos que se sobrevendieron y que por esa razón el salió de la empresa y le comenzó advertir a los clientes porque se dio cuenta de que un proyecto fue vendido 31 veces a personas diferentes», detalló la fiscal.
Asimismo, dijo el conocimiento de coerción se recesó para este miércoles 10 de enero, donde el Ministerio Público continuará con las replicas y esperará que se haga justicia en el presente caso, «porque la situación de las víctimas es muy penosa».
Los imputados
Además de Emmanuel Rivera Ledesma, el proceso se sigue en contra de Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López y las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, INDISARQ y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC.
El órgano acusador establece que la mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron.
Señaló que a raíz de la investigación, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
«También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas», dijo el MP.
El Ministerio Público solicita que el tribunal imponga 18 meses de prisión preventiva a los imputados y que el caso sea declarado complejo. La estafa asciende a más de RD$700 millones.
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