La comisión especial que estudia el proyecto de Código Penal tiene previsto rendir un informe de la modificación hoy, luego de ponderar las más 100 exposiciones participantes en la vista pública del lunes, en la que se recibieron alrededor de 143 propuestas, el 90 por ciento sobre las tres causales para la interrupción del embarazo.

El presidente de la comisión especial, diputado Alexis Jiménez, declaró que se reunieron en la tarde de ayer a revisar los planteamientos de los diversos sectores, la mayoría versando sobre las tres causales para decidir la forma de abortar o no. “Las propuestas se están estudiando”.

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Más de ocho horas permanecieron los 19 diputados integrantes de la comisión especial en el debate público de la enmienda al Código Penal de la República Dominicana, en la que las iglesias volvieron a reclamar el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte, sin que se permita abortar por decisión propia, una postura que sigue enfrentada a los grupos liberales y las activistas por los derechos de las mujeres, que exigen despenalizar el aborto y permitir que cada mujer decida si desea llevar el embarazo a término o finalizarlo antes de las primeras semanas.

Debido a que la legislatura ordinaria cierra el 25 de este mes y concluye el cuatrienio de los actuales congresistas, el bloque de diputados del Partido Fuerza del Pueblo (FP) se aboca a proponer una prórroga de la labor del Congreso Nacional, a fin de aprobar la reforma del Código Penal.

Cuatro propuestas dominaron el escenario de la vista pública: la de las causales, dividiendo a los que rechazan en aborto de quienes exigen que se incorpore en el Código Penal; las feministas y otros grupos que se alinearon en reclamar sancionar a las iglesias por las faltas penales que cometan sus miembros; el clamor de imponer más condena para la corrupción y elevar la prisión por violencia contra la mujer.

Propuesta del diputado Eugenio Cedeño

Fuera del ámbito de la vista pública, el diputado oficialista planteó que el proyecto de Código Penal permita que el embarazo se suspenda en los casos de que la vida de la mujer corra peligro en el proceso de gestación y cuando se determine que el feto es incompatible con la vida.