La «red criminal» dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en la zona turística de Verón, Punta Cana, operaba en un negocio que utilizaba la fachada de una residencia familiar, el cual fue intervenido, rescatándose 20 víctimas, según informó el Ministerio Público.

Se detalla que los integrantes de la presunta organización delictiva, identificados como los dominicanos Domingo Lorenzo Santana (Wellington), Reyna Julissa Solano Monción (administradora) y Richard de la Cruz Camacho (Danny, El Pa y/o Paz), así como el ciudadano haitiano Berlin Erisme (Obama), cobraban entre 200, 300 y 600 dólares estadounidenses por cada servicio sexual que ofrecían las «afectadas».

«En el transcurso de las investigaciones se ha establecido que las víctimas, entre ellas dominicanas, haitianas, venezolanas y colombianas, eran explotadas sexualmente por los miembros de la red, quienes cobraban por cada servicio sexual que estas ofrecían sumas que oscilaban entre 200, 300 y 600 dólares americanos», indicó el órgano persecutor en un comunicado al que la redacción de Hoy Digital tuvo acceso.

El MP agrega en la instancia con la solicitud de medida de coerción contra Wellington, Danny, Obama y la administradora, que la red se encargaba de captar jóvenes adolescentes en diferentes localidades del país, principalmente en el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata y La Romana, y que luego las trasladaban al citado establecimiento, donde la mayoría de los clientes que acudían eran turistas.

«Durante las pesquisas han sido obtenidas diferentes evidencias, como documentos, recibos, pagos de salidas, pagos de servicios sexuales VIP, dinero en efectivo (pesos dominicanos y dólares americanos) y otras relacionadas con el hecho punible que se investiga», afirma la institución.

Arrestos y calificación jurídica

El Ministerio Público comunicó que los imputados fueron arrestados mediante la ejecución de órdenes de arresto y sometidos a la justicia, procediendo la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia a fijar la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción para este viernes 30 de agosto.

Indicó que sustentó la solicitud de imposición de prisión preventiva con cerca de trescientas pruebas y ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos letras A, I, artículo 3, 6, 7, letra E, de la Ley 137-03, que sancionan la trata de personas, en la modalidad de explotación sexual, y proxenetismo, contenido en los artículos 334 y 334-1 del Código Penal Dominicano, así como lavado de activos en violación a la Ley 155-17.

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