El reclamo fue hecho antes de la Carta Pastoral: “La sinodalidad, camino de identidad eclesial”. Con el título de “Comunicado”, la Conferencia del Episcopado Dominicano-CED– pedía la urgente aprobación del zarandeado Código Penal.

La solicitud apareció en la página oficial de la CED y la prensa la divulgó de inmediato. Quizás fue la prisa, un desliz de la asesoría jurídica o la necesidad de aprovechar el momento para colocar en la agenda mediática el proyecto de Código Penal.

La petición a los legisladores de “conceder uno de los mejores regalos que en el 2023 se pueda hacer al pueblo dominicano”, ocurrió seis días después de emitido el presentido Decreto que “convoca al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para que se reúnan en legislatura extraordinaria-hasta el 15 de febrero- con el propósito de conocer los proyectos de ley pendientes, así como cualquier otro que le someta el Presidente de la República o que sea sometido por iniciativa propia del Congreso Nacional u otro órgano constitucional dotado de iniciativa legislativa”. Lejos está de la convocatoria la inclusión del proyecto perimido.

Algunos aseguran conocer las razones del Comunicado, otros eluden el comentario y murmuran que error no ha sido. Empero, con razones omitidas o conocidas y postergado su efecto, debido a la importancia de la Carta Pastoral, preocupa que el CED apueste solo a la facultad punitiva del estado para erradicar la violencia y terminar con “los delitos que corroen los cimientos de la sociedad”.

El colectivo descuidó la valoración in extenso del proyecto de código, se concentró en las tres causales para permitir el aborto. No se asomó al conjunto, plagado de tipificaciones excluyentes y con encierros prolongados e inútiles, en los medievales recintos carcelarios criollos.

Aunque muchos miembros de la clerecía convierten el apostolado en militancia terrenal y el desparpajo se impone para atraer fieles, faranduleros unos, emprendedores y dedicados al coaching otros, la CED debe aprovechar el liderazgo que conserva para propiciar la discusión sesuda del articulado del Código Penal. La reflexión y ponderación de ideas evitaría la promulgación de un texto que nada resolverá.

Y si de regalo se tratara, mejor obsequio sería socializar el alcance de la nueva ley 113-21 que regula el Sistema Penitenciario y Correccional. En esa ley está la ruta para “el castigo adecuado”, diferente al que pide el Comunicado, sin aludir piedad ni misericordia, olvidando aquello de: “No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”. Entusiasma que la CED abandona, en la Carta Pastoral, las complacencias políticas coyunturales para denunciar “la corrupción, la pobreza, la falta de oportunidades, de empleos, la proliferación de la economía informal, la deficiencia en servicios de salud, educación, agua, electricidad, transporte, el sistema socioeconómico excluyente, la desintegración familiar. Conforta todavía más, que obispos y arzobispos mencionan “la necesidad de comprender al otro, ayudar, consolar, aprender, adaptarnos a formas nuevas, evitando prejuicios, fomentando la escucha y creando puentes que nos acerquen a cada ser humano en particular”. Amén.