Las campañas políticas en nuestro país son muy costosas, desde la presidencial con miles de millones hasta de un regidor de varios millones, por eso no son suficientes los aportes que contempla la ley, necesitan contribuciones de los empresarios, hasta recursos ilícitos provenientes del narcotráfico o el lavado de activos.

Una campaña presidencial, puede costar entre 3-5 miles de millones de pesos, la de un senador ronda entre 75-100 millones de pesos y así sucesivamente. Hemos involucionado a una democracia donde se requiere de mucho dinero para resultar electo, salvo honrosas excepciones, no es accidental la gran cantidad de legisladores “banqueteros” (propietarios de bancas de apuestas) y si el aspirante no dispone de esos recursos y carece de honestidad acepta todo tipo de contribución independiente del origen.

Los empresarios, especialmente los grandes, son importantes contribuyentes para las campañas e incluso fuera de campaña con los “presidenciables”, lógicamente no se trata de un acto de filantropía, se trata de una inversión y si pega con el ganador ese empresario es premiado con un asiento en un consejo, como pago mínimo, pero también se beneficia de compras y obras en licitaciones preparadas, de exenciones y hasta de leyes que le favorecen.

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El narcotráfico no solo aporta a las campañas, sino que incluso ya está colocando fichas en el Congreso y no es accidental que por lo menos tres legisladores enfrentan procesos por narcotráfico y lavado; el objetivo de este contribuyente es comprar impunidad y libertad para mover la droga, lógico si es solicitado en extradición por los EEUU no vale el aporte a la campaña aunque sea del gobierno que recibió esos recursos ilícitos.

El caso más extremo del costo de los aportes de campaña fue el asesinato del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, crimen ejecutado por su amigo de infancia, Fausto Miguel Cruz, que pretendía recuperar sus recursos y esfuerzos de campaña mediante permisos, para exportar baterías y explotar granceras, y como el ministro no obtemperó a violar la ley, entonces el individuo convertido en un ser irracional porque “no le cumplían su trabajo en la campaña” decidió segar la vida a un funcionario honesto y adornado de muchas virtudes.

¿Cuántos funcionarios estarían dispuestos a respetar la ley por encima de todo y cuantos estarían dispuestos a lo que sea, incluso asociarse en la ilegalidad, para devolver la inversión al contribuyente de campaña?

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También está por supuesto el uso de los recursos del Estado a favor del candidato de Gobierno y esto ha ocurrido siempre en nuestra democracia aunque se llegó al extremo en la pasada campaña de Gonzalo Castillo y el PLD.

Por eso es necesaria una reforma integral de la Ley de Partidos y del Régimen Electoral que le dé un marco legal a la JCE para limitar el costo de la campaña, los nombres de los contribuyentes y también limitar el monto que pueden aportar.

Esa será la única forma que reduciría, no eliminaría, las contribuciones a las campañas de recursos ilícitos, que buscan comprar impunidad, o de grupos empresariales que en muchas ocasiones colocan al Presidente de turno a gobernar a favor de ellos en desmedro de las mayorías.