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La revisión del Código de Trabajo ha puesto en evidencia la necesidad urgente de reformar el artículo 86, una disposición que ha generado un impacto financiero desproporcionado para las empresas y ha convertido la mora judicial en un obstáculo para la equidad laboral, afirmó abogada especializada en derecho laboral, Rosalina Trueba.
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La aplicación de este artículo distorsiona el equilibrio en los procesos judiciales y pone en riesgo la sostenibilidad del sector empresarial. “Lejos de proteger derechos, la penalización acumulativa ha generado cifras impagables para las empresas, provocando cierres, reducción de empleos y sobrecarga insostenible en los tribunales laborales”, dijo.
«El artículo 86 establece que, si un empleador no paga las prestaciones dentro de los diez días posteriores a un desahucio, incurre en una penalización diaria equivalente a un día adicional de salario por cada día de retraso. Sin embargo, esta penalización no se detiene hasta que el expediente sea fallado mediante una sentencia definitiva con el carácter irrevocable de la cosa juzgada”, resaltó.
