Loyda Peña 
Procuraduría General de la República
Carlos Díaz, abogado de uno de los comerciantes estafados supuestamente por el encargado del departamento de suministros de alimentos de la Dirección de Prisiones, Antonio Beato Dionicio, descartó ayer que solo esa persona esté involucrada en la estafa.
Informó que entre las empresas engañadas, a la de su defendido Aurelio Corporán, le adeudan más de RD$10 millones.
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Explicó que todo el proceso de compra de alimentos se hacía aparentemente con las formas legales que lo hace la Procuraduría General, es decir, el personal que iba a recoger los productos al negocio llevaban conduce firmado, pero los pagos nunca se daban.
“Nosotros discrepamos de la Fiscalía en cómo está llevando el proceso, porque no creemos que en la forma en que se estaba dando la estafa, no creemos que haya una sola persona vinculada”, dijo Díaz.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público Beato Dionicio “se dedicaba a contactar a representantes de múltiples empresas a los que estafaba simulando que los productos que le despachaban estaban dirigidos al servicio penitenciario.
La medida de coerción fue aplazada para el próximo viernes 4, a fin de que el imputado y su abogado coordinen su defensa, y que las víctimas se constituyan en querellantes.
