Contrario al pasado viernes, la diputada perremeìsta Rosa Amalia Pilarte no lloró ayer ni cuando el Ministerio Público ratificó su pedimento de que sea condenada a 10 años de prisión, a ser cumplidos en Najayo, San Cristóbal, por supuesto lavado de activos producto del narcotráfico.

Cuando le tocó volver a dirigirse a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) presidida por el magistrado Francisco Jerez Mena, su voz fue firme y enérgica al afirmar que siempre ha sido una mujer que ha tratado de saber por dónde camina, y no tiene nada de qué avergonzarse, que la están acusando falsamente.

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“Porque no sé, que tantas cosas pueden estar pasando por una cabeza de un ser humano, de inventar una historia y de atar tantos nudos que no corresponden, porque solo una persona tuvo que ver algo con nosotros y con mi familia, en cierta etapa…”

Se refería la imputada a Pablo Rigoberto Martínez, quien según el MP fue condenado por narcotráfico internacional en los Estados Unidos, y tras ser deportado al país continuó con su red aquí asociado con el esposo de la legisladora, Miky López.

Indicó el MP, representado por Pelagio Alcántara Pedro Amador y Fernando Quezada, que la razón social Agro Miky) nació el 25 de noviembre del 2008, “y es el momento en el cual ya la acusada había invertido en el sistema financiero nacional sobre los RD$2,049 millones”.

Sin embargo, la defensa de Pilarte, encabezada por Luis Féliz, aseguró que la ùnica negociación del esposo de su clienta con Martínez fue en el 2005, y fue lícita.

Dijo que la razón social de Miky López que el MP quiere vincular a negocios ilícitos era primero una empresa avícola familiar de 20 personas entre cuyos accionistas figuraban personas “que son montañas de legalidad, de reciedumbre moral”, como el actual presidente de la Junta Municipal Electoral de La Vega.

Agregó que la cuenta que tenía la diputada Pilarte en el Banco Popular era del 2005 y allí recibía los depósitos de la compañía, y que todos los testigos “claves” del MP declararon “que todo era normal,” y que los préstamos estaban justificados.

La defensa de Pilarte pidió al tribunal anular el acta de allanamiento donde se incautaron más de 1,000 pastillas de “Extasis” y otras pruebas depositadas por el MP en contra de la legisladora; declarar la absolución de la imputada, y devolverle todos los bienes incautados que están en poder del MP.

El órgano acusador, de su lado, reiteró sus pedimento de prisión por 10 años.