Es de esperarse que luego de la aclaración de la Procuraduría General de la República al periódico Listín Diario, a propósito de su reciente comunicado, puedan dormir tranquilos los defensores de la libertad de expresión. “La Procuraduría General de la República establece que bajo ninguna circunstancia se ha referido a medidas cautelares que vayan más allá de los imputados que obstruyen procesos de investigación que están en marcha”. Y agrega que “el accionar del Ministerio Público solo demuestra absoluto respeto a la prensa, ya que nunca ha pedido rectificación o retractación o llamado a ejecutivos o a propietarios de medios de comunicación para presentar quejas sobre ningún periodista”. ¿Puede alguien demostrar lo contrario?

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Es por eso que me atrevo a decir que quien conoce la trayectoria pública de la doctora Miriam Germán Brito nunca hubiera interpretado como una amenaza a la prensa el contenido de su comunicado, ni pensaría que a estas alturas se va a dedicar a perseguir o intimidar periodistas. Desde luego, cada quien es libre de interpretar ese comunicado como mejor le aconseje el entendimiento o la conveniencia, que por algo se ha dicho siempre que cada quien juzga a los demás desde su propia condición, como hace el ladrón.

Miriam Germán Brito, como ha demostrado a su paso por la Procuraduría, no es Jean Alain Rodríguez, quien no solo llamaba a ejecutivos y propietarios de medios para quejarse de periodistas y el tratamiento que les daban a las noticias sino que también consiguió que otros perdieran sus empleos. ¿Se quejó el CDP? Es hora, sin embargo, de poner a un lado las distracciones maliciosas y hablar de lo que realmente se trata todo esto; los juicios por corrupción contra exfuncionarios peledeístas, que siguen empeñados en tratar de impedir que los tribunales sigan adelante con sus procesos, aunque al hacerlo pongan en evidencia, entre incidentes y campañitas, la estrategia favorita de los que se reconocen y se saben culpables.