Debate
Barrick: ni cambiar reglas básicas ni renunciar a lo justo
Países como Chile y Perú ya aplican sistemas fiscales mineros que ajustan la tributación según la rentabilidad real de los proyectos y no solo sobre ventas brutas.
Barrick
El debate sobre una eventual renegociación del contrato entre el Estado dominicano y Barrick Pueblo Viejo no debería abordarse desde impulsos ni desde reflejos defensivos.
La pregunta central no es si negociar es bueno o malo en sí mismo, sino para qué y en qué condiciones.
Si la renegociación implicara cambiar de manera abrupta y discrecional las reglas básicas del juego, el camino debería cerrarse sin titubeos.
La estabilidad jurídica es un activo estratégico para cualquier país que aspire a atraer inversión de largo plazo. Pero si el objetivo es distinto: asegurar sostenibilidad fiscal, capturar renta extraordinaria y fortalecer la protección ambiental en un contexto de bonanza sin precedentes, entonces, la negociación no solo es legítima, sino necesaria.
El precio internacional del oro atraviesa niveles históricamente altos.
Esta coyuntura, innegable, ha tenido un impacto directo en las finanzas públicas dominicanas. Solo en los primeros nueve meses de 2025, los ingresos tributarios provenientes del sector minero superaron los RD$20,000 millones, con proyecciones de cerrar el año por encima de los RD$30,000 millones.
Barrick Pueblo Viejo, principal sector del sector, incrementó sus aportes fiscales en más de un 150% respecto al año anterior.
El contrato con la minera vigente ha generado contribuciones relevantes. En 2024, la empresa aportó alrededor de US$252 millones en impuestos, aun en un escenario de menor producción de oro respecto a años previos. Estos datos confirman que el esquema actual funciona, pero también evidencian una pregunta clave: ¿Está el país capturando de manera óptima la renta extraordinaria cuando el mercado es excepcionalmente favorable?
La discusión no debería girar en torno a desmontar el contrato, sino a introducir mayor progresividad. En términos simples, se trata de mantener intacta la lógica contractual en tiempos normales —incluida la recuperación de la inversión— y permitir que, en tiempos extraordinarios, el Estado también gane de forma extraordinaria.
Una vía técnicamente sólida es la implementación de regalías o participaciones progresivas ligadas al precio del oro. El contrato base se mantiene, pero se activan escalones automáticos cuando el precio supera determinados umbrales.
Por ejemplo, hasta US$1,800 por onza, se conservaría el esquema actual. Entre US$1,800 y US$2,200, podría añadirse un incremento moderado —de dos a tres puntos porcentuales— en la participación estatal. Y por encima de US$2,200, la participación del Estado podría aumentar en torno a cinco puntos porcentuales.
Este tipo de mecanismos no es una invención local. Países como Chile y Perú ya aplican sistemas fiscales mineros que ajustan la tributación según la rentabilidad real de los proyectos y no solo sobre ventas brutas, permitiendo capturar mejor las ganancias.
Replicar buenas prácticas, es crucial en minería. Porque el oro, conviene recordarlo, no se cultiva ni se reproduce. Es un recurso finito.
La pregunta de fondo es si su explotación dejará solo cifras coyunturales o si contribuirá a construir valor duradero para el desarrollo nacional.
Renegociar no es sinónimo de confrontar. Bien planteada, puede ser una herramienta para alinear intereses, modernizar acuerdos y asegurar que la riqueza que se agota bajo tierra deje una huella tangible en el bienestar colectivo.
En definitiva, el camino no debe cerrarse ni abrirse a ciegas. Debe abrirse con datos, reglas claras y visión de largo plazo. Porque cuando el mercado gana extraordinariamente, resulta razonable —y responsable— que el país también lo haga.
