Beneficios que traería la reforma de los consulados

Con su decisión de ordenar que todos los ingresos generados por servicios consulares sean transferidos a la Cuenta Única del Tesoro (CUT), el Gobierno se propone culminar una reforma largamente iniciada, pero inconclusa, para llevar claridad y eficiencia allí donde durante años prevalecieron la opacidad y el desorden.

Aún resuenan en la memoria aquellas décadas —hasta bien entrado el año 2010— en las que los consulados se manejaban a discreción, como cajas operativas, recaudando y reteniendo ingresos de manera directa, casi como si fuesen islas administrativas al margen del sistema. Eran tiempos en que existía incluso la llamada “factura consular”, un cobro adicional al arancel que encarecía las importaciones y gravaba silenciosamente la actividad económica.

El descontrol alcanzaba niveles difíciles de justificar: según informes, en algunos casos se podía retener hasta un 25% de lo facturado. No era simplemente desorden; era un sistema que, en su propia estructura, generaba incentivos para capturar rentas desde el ejercicio del cargo.

Más adelante, entre 2004 y 2020, se transitó hacia una etapa de iniciativas correctivos. Se establecieron reglas para la remisión de ingresos, se fijaron montos o porcentajes a transferir y se introdujeron controles administrativos. Sin embargo, el núcleo del problema permanecía intacto: los consulados seguían gestionando parte de los recursos, la discrecionalidad persistía y el modelo conservaba su carácter híbrido. Fue, en esencia, un esfuerzo por ordenar la superficie sin transformar el fondo.

La medida anunciada marca, por fin, un punto de inflexión.

Cambia la lógica misma de la reforma: el 100% de los ingresos pasa a la Cuenta Única del Tesoro y se prohíbe el manejo directo de efectivo por parte de los consulados.

A la par se establece una escala salarial formal para el personal, sustentada en un presupuesto definido. Este giro resulta fundamental: se abandona el modelo de “autofinanciamiento” para dar paso a uno de “financiamiento presupuestario”, orientado a transparentar, ordenar y hacer más eficiente el uso de los recursos, al tiempo que fortalece el servicio exterior. Con ello se deja atrás una etapa en la que los ingresos consulares operaban como un cuasi impuesto al margen del sistema fiscal formal.

Los beneficios de esta transformación son múltiples y convergentes: se reduce la fuga y la opacidad de los ingresos públicos, se robustece la economía mediante un servicio exterior más institucional y funcional y se refuerza la confianza ciudadana al someter todos los recursos a reglas comunes de transparencia y control. Este último aspecto cobra especial relevancia en el contexto de los esfuerzos del gobierno por mejorar los ingresos fiscales y consolidar un sistema tributario más eficiente.

Porque cuando las cuentas se ordenan y la luz entra donde antes hubo sombras, no solo se corrigen cifras: se reconstruye la confianza, y en esa claridad renovada comienza también a delinearse el porvenir.