La violencia y la seguridad ciudadana en la República Dominicana: Un impostergable desafío

Dedicatoria
Dedico este trabajo:
A los habitantes de Santiago, en cuya tierra me formé como individuo.
A Doña Ana Pepín y al Profesor Pedro Jaime Tineo: quienes fueron faro de luz en los momentos de nuestra juventud.

A Camilo Lluberes: quien murió joven tratando con la sociedad económica de hacer conciencia sobre la imperiosa necesidad de las microfinanzas y préstamos al individuo pobre. Lo que es la base del apoderamiento del individuo.

Necesitamos que estos ilustres muertos desde el cielo orienten esta nación, para que nunca siga el camino de la tentación totalitaria. (en términos claros trujillismo sin Trujillo)

POR FERNANDO ALVAREZ BOGAERT
Planteamiento de una problemática

Las naciones latinoamericanas, al paso de los años, han presentado el crecimiento de la violencia y sus efectos colaterales como uno de los males de mayor repercusión en la construcción de sociedades donde la convivencia pacífica puede convertirse en la línea que separe el desarrollo económico y social del estancamiento nacional de algunas instituciones y sectores.

Hoy, la sociedad dominicana busca entre los escombros que deja la violencia una repuesta que pueda arrojar luz a la situación de inseguridad en la que se desenvuelve. Con estas reflexiones tenemos el firme propósito de contribuir a fortalecer el debate nacional sobre el delicado tema de la violencia y la seguridad ciudadana, no ya como el simple relato de hechos y de búsqueda de culpables, sino de un planteamiento que contribuya, modestamente, a la búsqueda de soluciones ante los acontecimientos actuales y los posibles por venir.

¿Qué ha ocurrido?

El siglo XXI le ha presentado a las sociedades de hoy cambios que han impactado, si se quiere de modo dramático, en las condiciones de existencia de los sectores más necesitados de los países en vía de desarrollo.

La marginalidad, condición que al parecer se fue reproduciendo en forma geométrica paralela al proceso de cambio que se generó al interior de los países latinoamericanos bien entrado el Siglo XX, fue enraizándose ante la falta de políticas que compensaran el desequilibrio económico y social que se ahondaba en los mismos. Hoy, este problema, agravado por modelos inadecuados a nuestras condiciones socio-económicas, le plantea a nuestros gobiernos, sociedades e instituciones de las más diversas ramas y, fundamentalmente, a la familia la búsqueda de soluciones. No entiendo como nosotros vivimos en una sociedad, de modo pacífico, apegados a las normas que el sistema democrático dispone, con las carencias de muchos de los elementos que son indispensables para vivir dignamente.

En el mes de noviembre del año 2001, se celebró en París un coloquio sobre el tema de las “Violencias extremas”. Un grupo de especialistas en las áreas de sociología, politología, historia, antropología y psicología trataron de buscar una explicación a la problemática que plantea la violencia a la sociedad moderna. En ese sentido, Jacques Semelin, Consejero Editorial de la Revista Internacional de Ciencias Sociales, en la introducción al tema de la violencia extrema abordado en esa importante publicación expresa que: “más allá del juicio moral, conviene interrogarse sobre las circunstancias políticas, económicas y culturales capaces de engendrar tales conductas colectivas”. Se refiere a las diversas acciones violentas que puede llevar a cabo un individuo.

A la luz de lo planteado por Semelin, consideramos oportuno que en el caso específico de la República Dominicana, nos aboquemos a una revisión consciente del fenómeno de violencia e inseguridad que con el transcurrir del tiempo se ha convertido en una pequeño “Tsunami”, capaz de arrastrar a sectores de la sociedad -como está ocurriendo- sin importar estrato social, raza, hogar e identidad política.

Números para pensar: una evolución dramática

Si hacemos un sencillo ejercicio mental sobre la violencia en la República Dominicana, vamos a tener como resultado que para principios de la década de los años 80’s, la violencia y su secuela se circunscribió a riñas entre personas en centros de diversiones, parejas con dificultades y a los normales actos delincuenciales (robos de diversos objetos materiales). Claro está, y eso lo trataremos más adelante, nos dormimos y, por omisión o por comisión, hoy somos víctimas de esta grave problemática por no haberla enfrentado con rigor desde hace aproximadamente 20 años.

La década de los noventas nos empezó a mostrar cifras para encender la luz roja. Según informaciones policiales recopiladas: enero 1990 a septiembre 1996 se produjeron 704 homicidios. En donde el 40.35%, fueron por motivos “pasionales” y el 38.60% cometido por su pareja, expareja, novio, ex -novio, etc.

Las cifras mostradas en el cuadro anterior cuando la comparamos con las del año 2005-2006 nos llevan a manifestar que en los dos últimos quinquenios representa el pico máximo de la violencia en la República Dominicana en toda su historia. Esto es así; y un porcentaje considerado de hechos violentos, ya sea por desidia o por razones fortuitas, no son denunciados.

En el año 2005, según reportes oficiales 1,700 dominicanos fueron víctimas de la violencia. Un promedio de 5 muertos cada día. En comparación a los 6 años, 1990 al 1996, el 2005 lo duplicó. Mientras que el primer semestre del año 2006 que transcurre, la cifra es de 1,263 personas que han fallecido en hechos violentos en todo el país, acercándose dramáticamente a las del año 2005.

Reproducción de la violencia por políticas erróneas

En los últimos dos quinquenios, las políticas implementadas por las autoridades gubernamentales, fortalecidas por el proceso de “globalización” que vive el mundo de hoy, han cerrado las posibilidades a la clase pobre y media baja -si es que al día de hoy es correcta esta clasificación- de poder accesar a los bienes y servicios indispensables para poder vivir con la dignidad a la que todo ser humano tiene derecho. Así podríamos referir: las normas crediticias, la escasas posibilidades en el ámbito laboral; la adquisición de bienes y servicios indispensables para vivir con dignidad. Situación esta que ha abierto las puertas a acciones contrarias a las establecidas por la ley. Y los que la practican ven en ellas la única posibilidad que tienen de sobrevivir.

¿Un modelo reproducido en la República Dominicana?

Una frase que me llega a la memoria y que recuerdo con nostalgia es ésta: “La República Dominicana es el paraíso del Caribe”. Se refería a que en nuestro país se vivía seguro, donde los hechos de violencia se reducían a una mínima expresión. Hoy, la situación no puede ser más preocupante, al extremo de tener que poner la vista hacia Centroamérica, y observar con cuidado: ¿Qué ha pasado al paso de los años en estos países, con relación a la violencia? ¿Qué medidas han tomado las autoridades? ¿Han sido correctas las medidas tomadas?. Las respuestas a estas preguntas pueden darnos luz hacia donde debemos dirigirnos.

La cura más cara que la enfermedad: El caso hondureño

En el año 2002, los países Centroamericanos afectados por las diversas modalidades delictivas decidieron contraatacar. La lucha la inició el Presidente de Honduras, Ricardo Maduro, quien había perdido un hijo en un intento de secuestro en 1997. Maduro introdujo una serie de leyes de “Tolerancia cero”, con lo que facultaba al gobierno a encarcelar a personas hasta por doce años por la simple sospecha de pertenecer a una banda o a una pandilla.

Este caso nos deja claramente establecido que no se deben tomar acciones unilaterales, y que es el momento para que iniciemos el diseño de programas donde la sociedad tome conciencia de este problema y que a la vez se provea de herramientas; y así, junto a las autoridades iniciar un proceso de lucha en contra de la violencia y otros males que nos afectan.

La “Mano Dura”

La política de “mano dura” en Honduras tuvo un impacto inmediato. Al cabo de un año el sistema carcelario hondureño rebasó su capacidad en más de un 200%, trayendo como consecuencia varios motines en las cárceles. Luego de un tiempo, los gobiernos locales empezaron a reconocer lo que los funcionarios estadounidenses habían aprendido a principio de la década del 1990: “que una legislación dura por sí sola, no puede resolver el problema de las pandillas”. América Central estaba tratando de deshacerse de las problemáticas de las bandas sin proporcionar los programas sociales y educativos que, para empezar, mantendrían a los jóvenes fuera de las bandas o los persuadirían a abandonarlas.

De vuelta a la Patria Amada

La República Dominicana, en los años 80 empieza a vivir una experiencia: la llegada de los deportados de los Estados Unidos. Este hecho, desde luego, supuso un nuevo ingrediente a las posibilidades de un crecimiento de la violencia e inseguridad ciudadana.

Este es un fenómeno que toca profundamente a las sociedades latinoamericanas. De modo que las autoridades y la sociedad en conjunto deben tomar conciencia de el. ¿Por qué?: los aspectos de trascendencias que pueden tener repercusión en este caso negativas -sino se le toma la atención requerida- deberán ser abordados con seriedad y responsabilidad.

Una precisión oportuna

A través de los años y como hombre público, he tenido un respeto especial por los dominicanos que con esfuerzo y entrega han hecho del trabajo en los Estados Unidos una norma que enaltece el país. Recordemos el aporte que esa comunidad hace a la economía del país al enviar cerca de US$2,200 millones de dólares, lo que representa de un 7 a un 10% del Producto Bruto Interno, estimándose que un 40% de las familias dominicanas se benefician de esos envíos. De acuerdo a las estadísticas del Banco Central, el 70% de los recursos recibidos se utilizan para alimentación, 4% en gastos de salud, 5% en educación, 7% en vivienda y 8% en otros. A esto se agrega, los datos no cuantificados de los envíos en especie (tejidos, alimentos, etc).

Es obvio que dentro de esa laboriosa comunidad radica un número determinado de dominicanos que aparentemente han violado diferentes aspectos de la ley de Estados Unidos, y que luego de cumplir la condena en territorio norteamericano son deportados a nuestra nación.

Según cifras establecidas recientemente el número de estos asciende a la cantidad aproximada de 3,500 por año, resaltando que en lo que va del año 2006 se eleva a 2,189 el número de deportados desde Norteamérica, presentando, obviamente, una tendencia al crecimiento.

¿Qué hacer con los dominicanos deportados de Estados Unidos?

Lo primero es establecer con objetividad la realidad que tiene que enfrentar el país ante una población de hombres y mujeres, en su gran mayoría en edad óptima para integrarse al mundo laboral y que, de no asumir su presencia en la sociedad, podríamos estar frente a un fenómeno que junto a la marginalidad, la exclusión social, en definitiva, la falta de oportunidad y programas efectivos para detener estas situaciones agravaría la difícil situación que ya poseemos.

Hombres y mujeres en óptimas condiciones para integrarse al mercado laboral

Marginar la población deportada de Estados Unidos es jugar con la estabilidad de la sociedad y aún más específico, de la familia. En una disertación en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) el Director y Administrador de Prisiones del Estado de Nueva York, Señor Héctor Chiesa, expresó, la necesidad de que República Dominicana implemente programas para que los repatriados puedan reinsertarse a la sociedad, pues de continuar esta situación ellos caerían en el crimen, dada la negatividad de permitírseles accesar a una labor determinada que los reivindiquen, y que los hagan sentirse útiles. (Fuente FUNGLODE)

No lograremos resultado positivo alguno manteniendo a los deportados aislados de la sociedad. Busquemos la manera de reivindicarlos, de que puedan volver a ser personas útiles. No contribuyamos a enraizar sus dificultades. La experiencia de Centroamérica nos toca la sirena de alerta.

No reproduzcamos el caso de Centroamérica

En un interesante trabajo publicado en la Revista Foreing Affairs, Ana Arana hace una reflexión de la situación que presenta Centroamérica con los deportados que llegan de los Estados Unidos. Expresa, entre otras cosas, que: “Los deportados llegaron a América Central con pocas expectativas que no fueran sus conexiones con su pandilla”. Agrega que: “al principio, pocos funcionarios centroamericanos centraron su atención en los arribos recientes, pero con sus actitudes -los deportados- contra la autoridad pronto se hicieron notorios”.

Vayamos sin resabios, sin exclusiones a la esencia del problema; estamos a tiempo. Llegar a su país de origen, encontrar las puertas cerradas, subyaciendo un rechazo si se quiere colectivo. Esto crea en el individuo un proceso de frustración, un estado de exclusión que lo regresa a su pasado delictivo.

Niñez y Juventud: una mina de oro que se nos escapa

No es posible construir una nación en la que prevalezca la convivencia pacífica sin revisar el sector de la niñez y la juventud, para establecer su situación y determinar los elementos que afecten su normal desarrollo. No podemos olvidar que estos dos sectores son la riqueza más preciada que tenemos, y no podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir su extravío en momentos y situaciones realmente difíciles para su desarrollo.

Revertir las acciones contra la niñez

La década de los años 80’s está marcada como el principio de la grave crisis que ha contribuido a aumentar la pobreza en el país, teniendo como uno de los blancos fundamentales la población juvenil e infantil. Se puede notar como una parte importante de las familias de escasos recursos permiten que sus niños y niñas salgan a las calles a buscar los recursos que puedan completar sus limitados ingresos, exponiéndolos a los más viles y denigrantes oficios con el consecuente resultado de privarlos de la educación y en el caso extremo del hogar.

Es muy difícil, diría hasta doloroso, tener que referirme dentro de la problemática de la violencia y la seguridad ciudadana, al sector infantil y juvenil que se encuentra dentro de esta situación. Como padre de cuatro jóvenes y abuelo de ocho -niños y jóvenes- creo que tenemos la oportunidad de no seguir permitiendo abusos que lo denigren. Quiero resaltar la labor que coordina la Secretaria de Estado de Trabajo con la que, trata de reducir el trabajo infantil, contribuyendo así a devolverle su integridad.

Rescatemos nuestros niños de los centros de prostitución

En un trabajo presentado por Visión Mundial titulado “Violencia intrafamiliar: un modelo de vida” República Dominicana ocupa el cuarto lugar en el Mundo “en materia de explotación sexual comercial de niños y adolescentes”. Es alarmante leer en el referido informe que de 7,000 querellas de violaciones sexuales entre el año 1998 y 2001, el 58% correspondía a menores de 18 años, agregando que el 5% de estas violaciones tuvieron un desenlace fatal. Pero lo más asombroso y que manifiesta preocupación es que de esas violaciones el 85% de los agresores eran “familiares directos de las víctimas.

Cuando hablamos de la niñez y la juventud en la problemática de violencia queremos abordarlo considerándolos objeto y sujeto de la misma. En lo que tiene que ver con el primer aspecto nos referimos a la agresión que sufren nuestros niños al ser utilizados como objetos sexuales de grupos organizados en nuestro país, teniendo como blanco fundamental a turistas inescrupulosos, perversos que lo menos que se merecen es la deportación deshonrosa de nuestro país. En el segundo caso nos referimos a las acciones que emprenden los niños y jóvenes impulsados por la situación de extrema marginalidad en que vive.

En ese sentido, quiero expresar mis más sinceras felicitaciones a las autoridades e instituciones sociales nacionales e internacionales que tienen como misión llevar a cabo una de las labores más nobles que pueda emprender ciudadano alguno: sacar a nuestros niños y niñas de tan terrible situación.

Pobreza: La inseparable compañera de la violencia y la inseguridad ciudadana

La pobreza es un tema que a través de los años ha ocupado las principales páginas de periódicos. La dedicación de importantes especialistas en economía tratando de encontrar una formula que permita una redistribución de la riqueza y que, de forma equitativa, llegue a los sectores más necesitados. Especialistas de la conducta tratan de establecer la incidencia de la pobreza en el comportamiento y en las actitudes que un conglomerado social determinado toma ante una situación crítica que ponga en peligro su desarrollo. En este aspecto, considero oportuno detenernos, pues nos permite entrar a la parte no visible y más compleja de la problemática.

Efectos de la exclusión social y económica en la conducta

Plantear la problemática de la violencia en la sociedad dominicana sólo especificando los aspectos negativos y las aparentes razones que la motivan, estamos brindando una cuestionable labor a la nación. Es en ese sentido, que proponemos trabajar con profesionales de la conducta para detectar los efectos que produce en el interior del individuo vivir en un estado de marginalidad constante sin tener oportunidades de salir del mismo.

Tenemos que abocarnos a orientar a esa franja de dominicanos que en nuestros humildes barrios viven sin motivos a luchar por su país, por sus familias, y que manifiestan una “situación de conflicto” que rompe los esquemas sociales tradicionales que lo han caracterizado. Ofreciéndoles opciones que los hagan sentirse útiles, eso se puede lograr. Somos una nación de hombres y mujeres apegados al trabajo, que anhelan vivir con modestia y dignidad.

En los últimos veinticinco años, siento que en la República Dominicana existen dos países diferentes: Uno en el que el mundo globalizado, lejos de reducir sus desigualdades las aumenta dramáticamente. Y el otro, en el que, quizás la tercera parte del país, ha logrado ajustarse a los vientos de la globalización y por tanto ha mejorado considerablemente su estándar social, económico y político.

¿Como implementar programas de orientación hacia los sectores más vulnerables de la sociedad?

Nuestra nación posee instituciones religiosas, educativas y sociales con la experiencia y el prestigio que las circunstancias exigen en la actualidad. En ese sentido, estamos convencidos que la lucha contra la violencia y la inseguridad ciudadana es un trabajo que debe ser implementado en conjunto: sector gubernamental y sus respectivas instituciones, y la sociedad con sus respectivas instituciones, incluyendo, por supuesto, la más importante: la familia.

“Coeficiente de Gini Ratio”

Creo conveniente que las autoridades y los diferentes sectores que están jugando roles de gran importancia en la ejecución de políticas que tratan de reducir la violencia y la inseguridad ciudadana, deben recurrir a mecanismos que puedan establecer cual es la verdad en lo que tiene que ver con la igualdad o la desigualdad que existe en nuestra nación. En ese sentido y utilizando la medida denominada el “Coeficiente de Gini Ratio” – nombre dado en honor a su creador, el estadístico italiano Conrrado Gini- consideró oportuno que las autoridades gubernamentales busquen economistas competentes para determinar cuál es la situación real de la República Dominicana en lo que tiene que ver con la igualdad y la desigualdad.

Para la escala “Gini Ratio”, mientras más se acerca un país determinado a 1 mayor es la desigualdad social, económica y política; en cambio, mientras más se acerque a 0 mayor será su igualdad social, económica y política.

Una reiteración necesaria

De nuevo planteamos el concepto de que la Patria Amada está constituida por dos países: uno que camina con prosperidad, fruto de la eficiencia y de las reglas económicas que hay en nuestra sociedad, sin entender que muchas de las teorías económicas han sido eliminadas como consecuencia de los feroces vientos de la globalización, que hoy en día no son aceptadas en los países desarrollados de la manera como eran aceptadas hace un tiempo, y en el otro, cada día hay más personas que carecen de los elementos básicos para poder vivir con dignidad.

“Prospect Theory”

Asimetría de la información

Tenemos que aceptar los planteamientos de Joseph Stiglitz – Premio Nóbel de Economía- en el cual establece que hay dos aspectos fundamentales que los auspiciadores de la globalización no terminan de entender, que son los siguientes: Primero, las teorías económicas no funcionan adecuadamente en una nación donde unos pocos tienen muchas informaciones y segundo que muchos saben muy poco. Lo que contribuye a que el conocimiento en la sociedad quede limitado a un reducido segmento, generando un efecto negativo, pues el conocimiento al alcance de una gran parte de la nación contribuye de manera sostenida al desarrollo y, por consiguiente, produce un efecto positivo en la lucha contra las desigualdades que generan la violencia y con ello la inseguridad del ciudadano.

Un momento de unir esfuerzos

Durante estos días que la sociedad dominicana ha vivido momentos críticos en lo que a la violencia e inseguridad ciudadana se refiere, nos hemos dedicado a buscar una respuesta que nos lleve a los orígenes del problema. Pero, una repuesta ajustada a las circunstancias, sin que intervenga el más mínimo elemento de parcialidad que impida llegar al comprometido punto crítico de la situación, entendiendo que todo ciudadano que se sienta comprometido con el bienestar y la tranquilidad del país debe contribuir a buscar soluciones adecuadas.

Como asume el sector blanco de exclusión social y económica de la sociedad esta situación

Considero justo decir que lo que hoy, un sector lo suficientemente representativo de la sociedad, vive en relación a la marginalidad social y económica es un proceso que viene germinando desde años, por lo menos desde hace dos décadas. La inexistencia de programas que tuviesen el firme objetivo de rescatarlo y darle la oportunidad de crecer, de hacer una vida apegada a los principios básicos de lo que se conoce como convivencia pacífica fue creando las condiciones para que al día de hoy nos encontremos con una parte importante de la nación en una situación a la que denomino “exiliados en su propia tierra”, y que busca, a como de lugar, salir de la misma.

Honremos la lucha democrática de nuestro pueblo

La historia dominicana está llena de episodios heroicos que por omisión no conocemos. Espero que alguien algún día de a conocer de modo objetivo a la sociedad y a las nuevas generaciones el acontecimiento que registra la historia dominicana como “el Banquete del Matún”, el cual creó parte de las condiciones para que los héroes y heroínas del año 1959 iniciaran la lucha armada en contra de Trujillo. Apeló al sentido democrático de todos los que de un modo u otro tenemos el deber de no permitir un retroceso de medio siglo, que vayamos al origen del problema, que tratemos de atacarlo, apoderando a nuestros ciudadanos, haciéndolos sentir importantes en la búsqueda de soluciones a males tan perjudiciales como el que tratamos.

Todos los que hemos tenido larga trayectoria pública en el mejoramiento de nuestra patria y la libertad, estamos obligados a hacer lo que Aristóteles llamó “Catarsis”. Los pueblos, las instituciones y las personas en épocas de dificultad estaban, en la antigüedad, compelidos a purgar las dudas y liberarse de los errores. El proceso de rehabilitación es lograr que un pueblo, una institución o una persona adquiera lo que Aristóteles era fundamental: “la reconciliación con su alma”.

El apoderamiento de la sociedad frente a la violencia

Un proceso constructivo

Cuando a la luz de toda la problemática que nos plantea la violencia y la inseguridad ciudadana, nos preguntamos: ¿qué hacer? Debemos comprender que la receptora de todo lo bueno o lo malo que ocurra es la sociedad. Es en ella donde se originan y es ella la que juega un papel importante en la solución de los mismos. Si se toma conciencia, apoderándola para que ella con la orientación de las autoridades contribuya a la solución de problemáticas como las que vivimos en la actualidad.

Algunas interrogantes oportunas

¿Pueden las autoridades hacer frente a la violencia y a la inseguridad ciudadana sin vincular la sociedad? ¿Es posible enfrentar la violencia y todo el efecto colateral que produce con el uso exclusivo de los cuerpos del orden público y castrense del Estado?

La repuesta reflexiva y objetiva es no. No puede una sociedad con las complejidades que presenta la nuestra, ser receptora de medidas tomadas desde arriba hacia abajo sin mediar un proceso en el que todos como actores decisivos en las acciones a implementarse podamos participar y jugar el papel que nos toca.

Tenemos que abocarnos a una reformulación profunda de las normas que afectan a las clases más necesitadas, crear leyes que establezcan acciones que vayan a elevar su autoestima, como sería el caso de la titulación de sus propiedades para poder accesar al crédito, eliminar, además, los excesos burocráticos vigentes al respecto.

Estamos obligados a construir una sociedad conformada por hombres y mujeres conscientes, útiles, con deseo de ver a sus semejantes desarrollar sus vidas sin más preocupación que esforzarse cada día en ser mejores, porque como expresa Jean Jacques Rosseau en su Discurso sobre las Ciencias y Las Artes: “Grande y bello espectáculo es ver al hombre salir de alguna manera de la nada por sus propios recursos; con las luces de su razón disipar las tinieblas en las que la naturaleza le había envuelto; elevarse por encima de sí mismo; gracias a su espíritu lanzarse hacia las regiones celestes; tal como hace el sol, recorrer con pasos de gigante la vasta extensión del universo; y lo que es aún más grande y más difícil, concentrarse en sí mismo para estudiar al hombre y conocer su naturaleza, sus deberes y su razón de ser”.

Situaciones concretas para enfrentar la pobreza:

Reconceptualización de una estrategia habitacional urbana

La posesión de un techo propio representa el objetivo más anhelado de las clases más necesitada del país. En mi paso por la Secretaría de Estado de Finanzas, formamos una comisión encabezada por el Ing. José Antonio Rodríguez con el objetivo de estudiar el déficit habitacional en la República Dominicana. Esta comisión contrató al Dr. Pedro Lasa Ibarsabal, el cual preparó un informe que permitió la reconceptualización de una estrategia habitacional urbana. Para este informe, el marco de referencia utilizado fueron los datos obtenidos en el estudio del Fondo Nacional de la Vivienda Popular (FONDOVIP) del 2001, y arrojó los resultados siguientes:

a. En lo que tiene que ver con la demanda de vivienda, se estimó un déficit de 524,000 viviendas, una demanda de 50,000 viviendas, en el de 2001.

b. El 60% de esas viviendas (337,800) eran de familias con capacidad de endeudamiento, 232,000 eran viviendas con un precio de 16,000 dólares de la época, menor a 500,000 pesos de hoy, el 23% de ese 60% en vivienda entre 500,000 y un millón de pesos hoy y mayor a ese valor solamente el 4% de ese 60% (12,000 unidades).

De la demanda de viviendas determinadas en el referido informe, el sector privado atendió solo el 18%, correspondiendo las unidades levantadas a los valores de medio millón y un millón de pesos.

Se puede desarrollar un plan de vivienda que tenga como objetivo facilitar viviendas económicas a una parte importante de la sociedad que se han convertido en marginados. Necesitamos modificar el esquema establecido en lo que tiene que ver con los parámetros que permiten medir las condiciones crediticias de nuestras gentes más necesitadas, pues las exigencias crediticias se las han endurecido. Las referencias históricas de sus créditos presentan atrasos en pagos mensuales, concediéndoles una calificación baja y, por consiguiente, un obstáculo para acceder a bienes y servicios de primer orden que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

¿Qué miembro de la clase media baja y baja no ha presentado en algún momento situaciones difíciles que?